Al menos 30 países aparecen en la lista negra de paraísos fiscales a nivel paneuropeo que hoy mismo ha dado a conocer la Comisión Europea. Entre todos ellos, cuatro son los territorios europeos considerados no cooperativos en la lucha contra el fraude y la evasión fiscal: Andorra, Mónaco, Liechtenstein y la isla de Guernsey. Esta denuncia llega sólo unos meses después de la crisis de Banca Privada d´Andorra (BPA), que tuvo que ser intervenida después de que fuera acusada por el Departamento del Tesoro de EEUU de blanqueo de capitales que servía al crimen organizado.
El Ejecutivo comunitario ha presentado un plan de acción para luchar contra la evasión del pago de impuestos por parte de las compañías multinacionales en los países de la UE. Las bases de estas propuestas tienen que ver con la declaración del impuesto de sociedades en todos los países de la UE y la obligación de tributar en el país donde se originen los beneficios a las empresas.
Uno de los objetivos principales es aunar un proyecto a través del que se pueda crear una base común del impuesto de sociedades de la UE, una medida que está bloqueada desde el año 2011 y que, gracias a su reactivación, se quiere implantar de manera obligatoria para las multinacionales.
Pierre Moscovici, el comisario europeo de Asuntos Ecónomicos, ha señalado en la rueda de prensa ofrecida que las empresas “aprovechan la libre circulación de capitales que permite el Tratado de la UE, las discrepancias entre las normas fiscales de los Estados y las ventajas de las directivas europeas sobre el impuesto de sociedades”. También ha añadido que la creación de esta lista negra es un “paso decisivo para obligar a las jurisdicciones de fuera de la UE a cooperar más y adoptar los estándares internacionales”.
La elaboración de una lista negra se acompaña con otras proposiciones relacionadas con la mejora de la coordinación y la cooperación entre las autoridades fiscales a nivel nacional. Además, Bruselas quiere decidir si obligar a las empresas a hacer públicos los impuestos que pagan país por país y ha sometido la decisión a consulta pública.
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