La empresa North American Blue Energy Partners (NABEP), controlada por el empresario venezolano Alejandro Betancourt López, ha consolidado su presencia en la industria petrolera venezolana mediante la incorporación de campos que anteriormente estaban bajo la administración de Petróleos de Venezuela (PDVSA) y compañías chinas. Así lo revela la actualización del mapa de empresas del sector petrolero publicada el 10 de noviembre de 2026 por Transparencia Venezuela, que documenta los cambios en la asignación de activos y derechos de explotación de hidrocarburos en el país.
La investigación identifica a NABEP como operadora de al menos 15 campos petroleros, entre ellos activos vinculados anteriormente a Petrozamora, Petrocedeño y China Concord Resources Corporation (CCR). Las operaciones abarcan áreas de la Faja Petrolífera del Orinoco y de la región occidental, incluidos campos en Lagunillas, Bachaquero y Tía Juana. La reorganización forma parte de una transformación más amplia de la industria, impulsada por modificaciones legales, acuerdos con inversionistas privados y nuevas autorizaciones estadounidenses para realizar operaciones petroleras en Venezuela.
El regreso de Betancourt al negocio petrolero tiene antecedentes en Petrozamora, empresa mixta en la que participó como socio B mediante Gazprombank Latin America Ventures entre 2012 y 2019. Según Transparencia Venezuela, la creación de NABEP en 2024 facilitó su retorno a campos vinculados con esa empresa y con Petrocedeño, de la cual se retiraron las multinacionales TotalEnergies y Equinor en 2021. Betancourt también ha estado relacionado con Derwick Associates, compañía involucrada en controversias por contratos de adquisición de equipos eléctricos durante el régimen de Hugo Chávez, operaciones que han sido objeto de investigaciones periodísticas y judiciales en distintas jurisdicciones.
La expansión de NABEP también se produce en el contexto de los acuerdos energéticos entre Estados Unidos y Venezuela. En agosto de 2026, Reuters informó que la compañía recibiría nuevos contratos para operar campos anteriormente administrados por empresas chinas y rusas. De acuerdo con funcionarios estadounidenses citados entonces, el esquema contemplaba derechos de participación del gobierno de Estados Unidos en NABEP y condiciones preferenciales de acceso a parte de su producción. Estos acuerdos introducen una dimensión geopolítica en la redistribución de activos, especialmente por el desplazamiento de operadores vinculados a China y Rusia.
El informe de Transparencia Venezuela identifica 303 bloques de petróleo y gas y 63 empresas activas durante 2026, de las cuales 21 corresponden a nuevos operadores. También registra 15 empresas desplazadas y otras 11 que evalúan inversiones. La organización advierte que la falta de información pública sobre contratos, condiciones financieras, criterios de selección y beneficiarios finales impide determinar con precisión si las nuevas adjudicaciones representan las opciones más favorables para el patrimonio nacional.
La concentración de activos en compañías privadas, entre ellas NABEP, plantea interrogantes sobre los mecanismos utilizados para transferir derechos de explotación de recursos estratégicos. Transparencia Venezuela sostiene que no existen elementos públicos suficientes para evaluar integralmente el impacto económico e institucional de esta reconfiguración. En consecuencia, la organización reclama mayor transparencia sobre los acuerdos y mecanismos de rendición de cuentas que permitan determinar quiénes se benefician de la reorganización de la principal industria del país.
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