Una funcionaria del Ministerio Público Fiscal de la provincia de Buenos Aires, Albertina Mangini, fue detenida en Argentina en el marco de una investigación sobre una presunta organización dedicada al lavado de activos que habría movilizado alrededor de 27 mil millones de pesos argentinos mediante cuentas abiertas con datos de terceros.
De acuerdo con la investigación dirigida por la fiscal de La Plata Betina Lacki, Mangini habría aprovechado sus funciones en una oficina de coordinación con el Patronato de Liberados para captar a personas en situación de vulnerabilidad, entre ellas personas sometidas a procesos penales. A cambio de aproximadamente 80.000 pesos, les solicitaban documentos, fotografías y el escaneo de sus ojos. Con esos datos biométricos, la organización presuntamente abría cuentas y billeteras virtuales que posteriormente quedaban bajo el control de sus integrantes.
Los investigadores sostienen que parte del dinero tendría su origen en casinos y apuestas online clandestinas. Para dificultar el rastreo de los fondos, la estructura habría utilizado múltiples cuentas para fragmentar las operaciones en montos menores, una técnica conocida como “pitufeo” o smurfing. El dinero era convertido en créditos de juego y posteriormente retirado como aparentes ganancias legítimas.
La causa derivó en nueve allanamientos realizados por la Policía Federal Argentina en distintas localidades de las provincias de Buenos Aires y Córdoba. Además de Mangini, fueron detenidos Ignacio Leonel Marchioni y Mauro Perrotta. Marchioni también aparece vinculado a la investigación judicial sobre la financiera Sur Finanzas, mientras los investigadores intentan determinar su participación en el movimiento y dispersión de fondos y en operaciones con activos virtuales.
En el expediente también aparecen bajo investigación Juan Ignacio Campoli Sillero, Catriel Taubenschlag y Cristian Alejandro Scigliano. La causa se originó tras la denuncia de una empleada de limpieza del Patronato de Liberados, quien aseguró que le ofrecieron 80.000 pesos por sus datos biométricos, aunque solo recibió la mitad. Las autoridades esperan ahora los resultados de las pericias realizadas a teléfonos, computadoras y otros dispositivos incautados para determinar el alcance de la estructura y el destino final del dinero.
