Transparencia Venezuela advirtió sobre una práctica que estaría siendo utilizada por personas señaladas en casos de gran corrupción vinculados con Petróleos de Venezuela (Pdvsa): obtener sobreseimientos de tribunales venezolanos para posteriormente emplearlos como argumento de defensa ante sistemas judiciales extranjeros, alegando que no se ha demostrado el origen ilícito de los fondos investigados.
Uno de los casos señalados por la organización involucra a familiares y personas vinculadas con Francisco Convit Guruceaga, empresario relacionado con Derwick Associates y socio de Alejandro Betancourt López. El 14 de mayo de 2026, la Sala Especial de la Corte de Apelaciones de Caracas con competencia en delitos de terrorismo, corrupción y delincuencia organizada sobreseyó el proceso seguido contra Ana Graciela Convit Guruceaga, hermana del empresario, por “atipicidad objetiva absoluta”.
Francisco Convit se fuga del SEBIN y negocia información sensible del régimen de Maduro con EEUU
Extractos de la decisión fueron difundidos por Zair Mundaray, exdirector de Actuación Procesal del Ministerio Público. Aunque el fallo completo no ha sido divulgado, fuentes judiciales consultadas por Transparencia Venezuela relacionaron el expediente con la trama Pdvsa-Cripto, investigación sobre operaciones de comercialización de petróleo venezolano cuyos recursos no habrían ingresado a las cuentas de la estatal.
Posteriormente, la defensa solicitó que el sobreseimiento fuera extendido a Jacinto Antonio Convit Ríos, Patricia Gabriela Alejandra Ferrando Zilio, Gonzalo Andrés Eduardo Mendoza Guruceaga y Marios Iliopoulos, petición que habría sido acogida por la misma instancia judicial. Iliopoulos, propietario de la naviera Seajets, ha sido señalado por el Ministerio Público venezolano por su presunta participación en operaciones de comercialización de crudo que no habrían sido cobradas por Pdvsa.
Transparencia Venezuela señala varias anomalías en estas decisiones. Entre ellas destaca que Ana Graciela Convit no se encontraría en Venezuela y que el poder presentado por su abogado, Daniel Hernández Sarmiento, habría sido otorgado ante una notaría pública de Florida, Estados Unidos. La organización recuerda que la jurisprudencia venezolana impide continuar un proceso penal cuando el imputado no está a derecho. Este argumento habría llevado al magistrado Heriberto Antonio Peña a salvar su voto.
La organización también cuestiona que las decisiones se habrían adoptado sin convocar a los fiscales del Ministerio Público a una audiencia oral y pública para exponer sus argumentos. Además, los fallos no aparecen publicados en el sitio web del Poder Judicial, pese al tiempo transcurrido desde la primera decisión.
Detenciones tras las decisiones judiciales
Las consecuencias dentro del sistema judicial habrían sido inmediatas. De acuerdo con fuentes judiciales citadas por Transparencia Venezuela, fueron detenidos el juez ponente Rafael Osío y el magistrado Orlando Carvajal, quienes votaron favorablemente los dictámenes. También habría sido detenido Manuel Marrero, asistente de la presidenta de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, Carmen Marisela Castro.
El abogado Daniel Hernández Sarmiento, defensor de los Convit y exfiscal del Ministerio Público, también habría sido detenido. Transparencia Venezuela señala que Hernández ya había estado detenido a finales de 2025, bajo sospecha de haber participado en pagos a funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) que habrían facilitado la evasión de Francisco Convit de El Helicoide. Hasta el momento, se desconoce si las personas detenidas han sido presentadas ante un tribunal.
Por su parte, Heriberto Antonio Peña habría sido removido de su cargo pese a haber salvado su voto. Peña estuvo anteriormente vinculado a la Superintendencia Nacional de Criptoactivos y Actividades Conexas (Sunacrip) durante la gestión de Joselit Ramírez, detenido por el caso Pdvsa-Cripto, y figura como suplente de la Sala Penal del TSJ.
El precedente de Alejandro Betancourt en España
Para Transparencia Venezuela, el alcance de estos sobreseimientos trasciende los tribunales venezolanos. La organización recuerda el caso de Alejandro Betancourt López, socio de Francisco Convit, quien en marzo de 2026 consiguió que un tribunal español archivara una investigación por presunto blanqueo de capitales después de presentar un sobreseimiento dictado previamente por un tribunal de Caracas.
La investigación española buscaba determinar si Betancourt y otros venezolanos participaron en operaciones de legitimación de capitales con fondos provenientes de un presunto desfalco a Pdvsa estimado en US$4.850 millones. Sin embargo, en junio de 2026, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ordenó al juez Santiago Pedraz reabrir la investigación.
El caso del clan Convit vuelve así a colocar bajo escrutinio el uso de decisiones de tribunales venezolanos en expedientes internacionales relacionados con presunta corrupción y blanqueo de capitales. La preocupación planteada por Transparencia Venezuela es que el cierre de causas en Venezuela pueda convertirse posteriormente en una herramienta para cuestionar la existencia del delito precedente y tratar de frenar investigaciones abiertas en otras jurisdicciones.
