La reactivación de la Central Hidroeléctrica Manuel Piar, conocida como Tocoma, vuelve a colocar bajo escrutinio uno de los proyectos eléctricos más costosos e inconclusos de Venezuela. En una nueva entrega de Punto y Contexto, su programa transmitido a través de YouTube, el periodista César Batiz examinó el regreso de Industrias Metalúrgicas Pescarmona S.A. (IMPSA), la compañía originalmente contratada para suministrar las turbinas y otros equipos de la central y que ahora vuelve a negociar con el Estado venezolano bajo nuevos propietarios y una directiva con importante presencia de empresarios venezolanos.
Tocoma fue concebida como la cuarta gran central hidroeléctrica del bajo Caroní y debía generar aproximadamente 2.160 megavatios mediante diez unidades generadoras. Batiz recordó que su presupuesto inicial rondaba los US$3.000 millones, pero para 2017 la inversión acumulada se acercaba a US$8.900 millones, pese a que la obra nunca llegó a producir electricidad para el Sistema Eléctrico Nacional. El proyecto quedó paralizado aun cuando su avance físico superaba el 87 %.
IMPSA ya ocupaba un papel central en aquella historia. En 2008 fue contratada para suministrar las diez turbinas Kaplan, generadores, transformadores y otros equipos electromecánicos destinados a Tocoma. Según recordó Batiz citando al exviceministro de Energía Eléctrica Víctor Poleo, el contrato habría comenzado alrededor de US$300 millones y posteriormente escalado hasta aproximadamente US$1.000 millones. Parte de los equipos fueron fabricados y otros permanecieron almacenados mientras la central quedó inconclusa.
El 12 de agosto de 2026, representantes de IMPSA se reunieron con la presidenta interina Delcy Rodríguez y altos funcionarios del gobierno venezolano para firmar el acuerdo definitivo destinado a retomar los trabajos en Tocoma y rehabilitar unidades de Macagua.
Pero la IMPSA que regresa a Venezuela es distinta de la compañía contratada originalmente durante el gobierno de Hugo Chávez. Después de atravesar una profunda crisis financiera y quedar bajo control del Estado argentino, la empresa fue privatizada y adquirida en 2025 por el fondo estadounidense Industrial Acquisitions Fund (IAF). IMPSA pasó así a presentarse como una compañía argentino-estadounidense.
Batiz puso especial atención sobre la nueva dirección de la compañía. Su presidente es el venezolano Jorge Rafael Salcedo Hernández, quien antes de incorporarse al sector energético ejerció como abogado en Estados Unidos y trabajó en asuntos relacionados con sanciones económicas. El periodista recordó que en 2017 Salcedo apareció identificado como abogado del empresario venezolano Samark López Bello, sancionado ese año por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por sus vínculos con Tareck El Aissami.
En la estructura de IMPSA también aparece Juan Manuel Domínguez, vicepresidente de la compañía y vinculado a la Cámara de Comercio Argentino-Estadounidense de Florida, así como el empresario venezolano Hidalgo Rafael Socorro Urdaneta, quien tuvo antecedentes como contratista de Petróleos de Venezuela (PDVSA). Batiz señaló que Socorro estuvo relacionado con negocios de suministro de embarcaciones para la petrolera estatal y que, en 2010, una empresa que representaba participó en la venta de 42 remolcadores por US$145 millones a PDVSA.
La investigación expuesta por Batiz también señala conexiones políticas de personas relacionadas con el grupo que adquirió IMPSA en Estados Unidos. Ejecutivos vinculados al nuevo grupo propietario aparecen como aportantes a la campaña de Donald Trump, mientras que Jason Arceneaux, relacionado con el fondo comprador, ha mostrado afinidad con el Partido Republicano. Batiz aclaró que realizar aportes políticos o mantener vínculos con dirigentes republicanos no constituye por sí mismo ninguna irregularidad, pero sostuvo que estas relaciones forman parte del contexto necesario para entender la transformación de la compañía y su regreso al mercado venezolano.
El principal interrogante, sin embargo, continúa siendo financiero. El monto total del nuevo contrato no ha sido divulgado públicamente, ni se conoce en detalle la fórmula mediante la cual Venezuela pagará los trabajos. La incógnita adquiere mayor relevancia debido a las cuentas pendientes de la relación anterior entre IMPSA y el Estado venezolano. Según recordó Batiz, para 2021 la empresa reportaba alrededor de US$397 millones por cobrar relacionados con contratos venezolanos.
También permanece sin aclararse si esas obligaciones anteriores serán reconocidas dentro del nuevo acuerdo, de dónde provendrán los recursos para financiar los trabajos y si existió algún proceso competitivo para seleccionar nuevamente a IMPSA. A estas preguntas se suma otra de carácter técnico: el estado real de las turbinas, generadores, obras civiles y sistemas que permanecieron durante años sin completar o instalar.
Batiz citó nuevamente a Víctor Poleo, quien considera indispensable determinar qué ocurrió con las diez turbinas originalmente contratadas y cuestiona la capacidad actual de IMPSA para suministrar los equipos necesarios. El exviceministro sostiene que antes de calcular el costo definitivo de culminar Tocoma debería realizarse una auditoría técnica que permita establecer qué equipos existen, cuáles pueden recuperarse y cuáles tendrían que adquirirse nuevamente.
La culminación de Tocoma podría aportar capacidad de generación a un país sometido durante años a apagones y racionamientos eléctricos. Sin embargo, el regreso de IMPSA abre nuevamente una discusión que trasciende la necesidad de terminar la obra: cuánto volverá a pagar Venezuela, qué ocurrió con los miles de millones ya invertidos y bajo qué mecanismos de transparencia y supervisión se ejecutará esta nueva etapa del proyecto.
