El lavado de activos se consolida como uno de los principales desafíos para la seguridad y la economía de Ecuador. De acuerdo con el estudio Una aproximación a la medición del lavado de activos en Ecuador: magnitud, modalidades y tipos, elaborado por el Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado (OECO), este delito constituye el mecanismo mediante el cual las organizaciones criminales ocultan el origen ilícito de sus recursos, los incorporan a la economía formal y financian actividades como el narcotráfico, la minería ilegal, la corrupción, la trata de personas y el tráfico de armas.
El informe explica que el lavado de activos se desarrolla en tres etapas. La primera es la colocación, cuando el dinero de origen ilícito ingresa al sistema financiero o al circuito económico formal. La segunda corresponde a la estratificación, que incluye múltiples transacciones, transferencias internacionales, compraventa de bienes y conversiones a criptomonedas para dificultar el rastreo de los fondos. Finalmente, la integración permite que esos recursos reaparezcan como aparentemente legítimos mediante inversiones, empresas fachada o la adquisición de bienes.
Con base en estimaciones de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), el OECO calcula que el lavado de activos representa entre el 2% y el 5% del producto interno bruto ecuatoriano. Aplicado a la economía de 2025, esto equivale a un monto estimado de entre USD 3.910 millones y USD 6.516 millones susceptibles de ser blanqueados dentro del sistema económico nacional. El estudio señala que esta actividad constituye la cuarta principal manifestación del crimen organizado en el país y actúa como el principal soporte financiero de las economías ilícitas.
El análisis identifica que los sectores tradicionalmente más vulnerables al lavado de activos son el comercio, la construcción, la compraventa de vehículos y los pronósticos deportivos. Sin embargo, las investigaciones judiciales recientes reflejan una mayor infiltración de organizaciones criminales en actividades relacionadas con la logística comercial, el transporte de carga y el sector pesquero. Además, estima que el narcotráfico genera entre USD 692 millones y USD 1.384 millones anuales, la minería ilegal entre USD 1.000 millones y USD 1.385 millones, y la corrupción entre USD 731 millones y USD 1.244 millones, recursos que pueden alimentar los esquemas de legitimación de capitales.
El estudio también advierte que, pese al bajo crecimiento económico registrado entre 2014 y 2020, la liquidez monetaria en Ecuador mantuvo una tendencia ascendente. Aunque este comportamiento puede estar relacionado con factores legales, como el incremento de las remesas y otros flujos externos, los investigadores consideran que también coincide con la expansión de economías criminales capaces de movilizar grandes volúmenes de recursos financieros.
Entre las principales modalidades de lavado detectadas en las sentencias condenatorias de 2025 destacan el uso de empresas fachada para justificar movimientos financieros, el testaferrismo para ocultar bienes y patrimonios, el denominado “pitufeo” mediante depósitos fraccionados para evadir controles bancarios, así como el empleo del comercio exterior, criptomonedas y estructuras empresariales complejas para dificultar el rastreo del dinero. Según el OECO, estas prácticas reflejan una creciente profesionalización de las organizaciones criminales y una mayor capacidad para infiltrarse en la economía formal.
