Un grupo de venezolanos que fue trasladado al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), en El Salvador, presentó una demanda contra las compañías estadounidenses de aviación CSI y GlobalX, señalándolas de haber participado en los vuelos que los llevaron a esa prisión como parte de la política de deportaciones de la administración del presidente Donald Trump. Con información de The Guardian.
La acción judicial, introducida el 17 de julio por un equipo de 17 abogados especializados en derechos humanos, sostiene que ambas empresas incurrieron en violaciones de los derechos civiles, encarcelamiento ilegal, negligencia y otras conductas ilícitas al colaborar con el gobierno de Estados Unidos en el traslado de aproximadamente 230 venezolanos al Cecot en marzo de 2025. Los demandantes afirman que permanecieron detenidos durante cerca de cuatro meses y denuncian haber sido víctimas de torturas y otros abusos.
De acuerdo con el escrito presentado ante la corte, CSI y GlobalX habrían ejecutado deliberadamente los vuelos pese a conocer la orden de un juez federal que exigía el regreso de las aeronaves y a que existía el riesgo de que los migrantes fueran sometidos a malos tratos dentro del centro penitenciario salvadoreño. La demanda sostiene además que ambas compañías obtuvieron importantes beneficios económicos tras ser contratadas por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para participar en estas operaciones.
Los representantes legales de los venezolanos buscan que las empresas privadas respondan por el papel que desempeñaron en las presuntas violaciones de derechos humanos vinculadas con las políticas de detención y deportación. Anthony Enríquez, vicepresidente de defensa y litigios del Kennedy Human Rights Center y uno de los abogados del caso, señaló que el objetivo del proceso es evidenciar el grado de participación de compañías privadas en este tipo de actuaciones y exigir que asuman responsabilidades cuando contribuyen a presuntos abusos.
El caso se produce meses después de que, en febrero de 2026, el juez federal James Boasberg ordenara a la administración Trump facilitar el regreso a Estados Unidos de más de 130 venezolanos enviados al Cecot para que puedan continuar sus procesos migratorios, si así lo desean. La decisión estableció que el gobierno estadounidense debe cubrir los costos del traslado y proporcionar la documentación necesaria, aunque los beneficiarios serán puestos bajo custodia al ingresar al país.
