La Policía Federal de Brasil arrestó a Paulo Henrique Costa, expresidente del Banco de Brasilia (BRB), por su presunta implicación en un esquema de corrupción que involucra desvío de fondos, lavado de dinero y pago de sobornos a funcionarios públicos.
La detención forma parte de la Operación “Compliance Zero”, que investiga una estructura de operaciones financieras irregulares vinculadas al extinto Banco Master. Según las autoridades, el esquema habría utilizado créditos sin respaldo para movilizar grandes sumas de dinero, generando pérdidas millonarias y facilitando pagos ilícitos a distintos actores del sistema político y judicial brasileño.
En el operativo también fue detenido el abogado Daniel Monteiro, señalado como hombre de confianza de Daniel Vorcaro, quien permanece en prisión preventiva. La investigación apunta a que ambos participaron en una red de lavado de dinero destinada a canalizar sobornos hacia agentes públicos.
Las autoridades sospechan que Costa habría recibido al menos seis propiedades valoradas en unos 150 millones de reales como contraprestación por involucrar al BRB en operaciones irregulares con el Banco Master. Entre ellas, destaca la compra de aproximadamente 12.000 millones de reales en títulos sin respaldo financiero suficiente, lo que compromete seriamente la gestión del banco estatal.
El caso también expone intentos fallidos del Banco de Brasilia por adquirir el Banco Master, operación que fue bloqueada por el Banco Central de Brasil antes de ordenar la liquidación extrajudicial de la entidad en noviembre pasado.
El escándalo ha alcanzado a diversas figuras del poder en Brasil, incluyendo magistrados del Supremo Tribunal Federal, parlamentarios y exdirectivos del Banco Central. Entre los nombres mencionados en medios locales figuran los jueces José Antonio Dias Toffoli y Alexandre de Moraes, así como el expresidente Michel Temer.
Las investigaciones han dejado al descubierto una red de relaciones que conecta al empresario Vorcaro con figuras de alto nivel en distintos gobiernos, incluyendo administraciones de Luiz Inácio Lula da Silva y Jair Bolsonaro, lo que refuerza el alcance político del caso y su potencial impacto institucional.
