La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) ha autorizado a Plus Ultra Líneas Aéreas a modificar su estructura accionarial sin exigir la devolución anticipada de los 53 millones de euros recibidos en el rescate de 2021, pese a que una cláusula del acuerdo establecía esa obligación en caso de cambio de control.
El punto 3 del acuerdo confidencial firmado entonces contemplaba la “amortización anticipada obligatoria” si se producía la salida de los accionistas venezolanos vinculados a Snip Aviation, grupo que controlaba la aerolínea durante el rescate. Esa condición ya se habría cumplido, pero la compañía mantiene sin pagar la mayor parte de los fondos.
Entre los accionistas salientes figura Rodolfo Reyes, vinculado al empresario venezolano Camilo Ibrahim Issa. Este grupo participó en decisiones clave como la contratación de la firma Análisis Relevante, relacionada con el investigado por Anticorrupción Julio Martínez Martínez, y que tuvo entre sus principales proveedores al expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero.
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Aunque la aerolínea ha abonado unos 12 millones de euros en intereses, mantiene pendiente la devolución del principal y negocia con la SEPI un calendario de pagos más flexible. De hecho, ya debía haber reintegrado al menos 19 millones correspondientes a un vencimiento en 2026.
La presidenta de la SEPI, Belén Gualda, justificó la decisión señalando el impacto del contexto internacional en la compañía y defendió la necesidad de facilitar su viabilidad para garantizar la recuperación de los fondos públicos.
La aplicación estricta de la cláusula habría colocado a Plus Ultra en una situación cercana a la quiebra, lo que explica la decisión de flexibilizar las condiciones del rescate. La medida se adoptó durante la gestión de Gualda y antes de la salida del Ministerio de Hacienda de María Jesús Montero.
Actualmente, la aerolínea busca nuevos inversores para una ampliación de capital superior a los ocho millones de euros, mientras espera nuevas facilidades en el calendario de pagos. En paralelo, otros casos como el de Air Nostrum han obtenido prórrogas similares, con plazos extendidos hasta 2028 dentro del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas.
El caso mantiene abierto el foco político y judicial sobre los rescates gestionados por la SEPI, en medio de investigaciones y comparecencias en el Senado y el Tribunal Supremo relacionadas con posibles irregularidades en el uso de fondos públicos.
