La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió la Licencia General 57 (GL 57), una medida que autoriza transacciones de servicios financieros con parte del sistema bancario estatal venezolano y marca uno de los movimientos más relevantes desde la imposición de sanciones en 2019. La licencia permite operaciones ordinarias e incidentales necesarias para prestar servicios al Banco Central de Venezuela (BCV), Banco de Venezuela, Banco Digital de los Trabajadores y Banco del Tesoro, así como a entidades donde estos mantengan una participación igual o superior al 50%.
El alcance técnico de la autorización es amplio y reabre espacios críticos para la economía venezolana. La definición de “servicios financieros” incluida en la licencia contempla apertura y manejo de cuentas, préstamos, transferencias, pagos ACH, operaciones con tarjetas, billeteras digitales, cambio de divisas, banca denominada en dólares y servicios de corresponsalía. En la práctica, esto vuelve a conectar a la banca pública venezolana con nodos clave del sistema financiero internacional bajo control estadounidense, permitiendo que flujos en dólares puedan procesarse con mayor normalidad.
La GL 57 también ofrece un canal para que ingresos derivados de exportaciones petroleras, acuerdos energéticos y otras operaciones autorizadas por OFAC puedan llegar de forma más directa a instituciones estatales venezolanas. Esto coincide con la reciente expansión de Chevron en la Faja del Orinoco y con la estrategia de Washington de acelerar la recuperación del sector energético y minero venezolano mediante licencias escalonadas.
Desde la óptica doméstica, la medida otorga al BCV y a la banca pública mayor margen para gestionar liquidez en divisas, sostener pagos públicos, respaldar un eventual ajuste salarial y reforzar la capacidad de intervención en el mercado cambiario sin recurrir a mecanismos de emisión monetaria que puedan presionar nuevamente la inflación. El momento no es casual: llega en medio de protestas de trabajadores públicos y de la promesa oficial de revisar salarios a partir del 1 de mayo.
La licencia mantiene límites relevantes para el cumplimiento regulatorio. OFAC aclara que la GL 57 no desbloquea bienes previamente congelados ni autoriza operaciones que continúen prohibidas bajo otras disposiciones del régimen sancionatorio. Esto obliga a bancos corresponsales, mesas de cumplimiento y actores del sector energético a reforzar la debida diligencia para distinguir entre transacciones ahora permitidas y fondos aún restringidos, en un escenario que abre nuevas oportunidades, pero también nuevos riesgos de supervisión.
