Un documento interno del Banco Central de Curazao y Sint Maarten reveló nuevos detalles sobre la caída del Banco del Orinoco N.V., entidad vinculada al empresario venezolano Víctor Vargas, cuya licencia fue revocada en 2019 tras detectarse un patrón sostenido de irregularidades financieras. El informe, de 28 páginas, expone que la institución habría presentado documentos falsificados para aparentar solvencia y respaldar activos que, según el regulador, no podían ser verificados. Con información de Crónicas del Caribe.
La decisión del supervisor concluye que las inconsistencias iban mucho más allá de fallas administrativas. Entre los hallazgos figuran estados de custodia presuntamente alterados, información engañosa sobre la posición financiera del banco y graves incumplimientos de las normas contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. El caso se agrava porque varias firmas internacionales mencionadas como custodios negaron haber mantenido activos de la entidad o aseguraron que los documentos atribuidos a ellas eran falsos.
El expediente también señala el uso de correos electrónicos y dominios inexistentes o suplantados para dar apariencia de legitimidad a la información entregada al regulador. Según el Banco Central, estas prácticas continuaron incluso después de que el banco fuera sometido a supervisión reforzada, lo que terminó por justificar la revocación inmediata de la licencia.
En materia de cumplimiento, el documento describe debilidades estructurales en los controles internos, supervisión deficiente de operaciones sensibles y fallas en la debida diligencia sobre clientes y transferencias millonarias. Para el regulador, la imposibilidad de verificar la solvencia y liquidez de la entidad representó un riesgo inaceptable para depositantes y acreedores, además de un golpe a la reputación del sistema financiero de Curazao.
A siete años del colapso, la revelación de estos detalles refuerza la tesis de que la caída del Banco del Orinoco no respondió a un incidente aislado, sino a un esquema prolongado de tergiversación financiera, fallas de gobernanza y vulneraciones a las reglas de prevención de legitimación de capitales.
