Desde 2019, la defensa de los activos venezolanos en el exterior se convirtió en uno de los frentes más delicados de la disputa institucional venezolana. Lo que comenzó como una estrategia jurídica para blindar bienes soberanos frente a acreedores internacionales derivó en una compleja red de juntas ad hoc, estructuras paralelas de decisión y contratos millonarios con bufetes internacionales, todo ello bajo un sistema sin rendición de cuentas pública consolidada. Con información de El Nacional.
Entre 2019 y 2023, la coordinación de esa defensa estuvo en manos de la Procuraduría Especial, oficina responsable de diseñar la estrategia legal, contratar firmas especializadas en arbitraje y litigios corporativos, y autorizar pagos asociados a procesos que comprometían activos valorados en miles de millones de dólares, desde Citgo hasta el oro retenido en el Banco de Inglaterra.
Tras la eliminación del interinato por parte de la Asamblea Nacional de 2015, la Procuraduría Especial desapareció formalmente, pero la maquinaria jurídica no se detuvo. La Comisión Delegada Especial decidió mantener intacta la defensa de los activos y creó nuevas instancias para conservar el control sobre bienes estratégicos en el exterior. Primero surgió un consejo integrado por dirigentes opositores y luego el Consejo de Administración y Protección de Activos (CAPA), que asumió la supervisión política y operativa de las juntas ad hoc.
El problema central, sin embargo, no fue la continuidad de la defensa, sino la ausencia de controles externos. Las juntas que administraban empresas como Citgo Petroleum estaban sometidas a la supervisión de la misma estructura política que las designaba. Un circuito cerrado: quienes nombraban también evaluaban, sin contraloría independiente, sin revisión judicial y sin auditoría pública consolidada.
Uno de los episodios más controvertidos fue la designación entre 2019 y 2020 de José Ignacio Hernández como procurador especial. El jurista había participado previamente como experto en el litigio de Crystallex contra el Estado venezolano, particularmente en la tesis del “alter ego” entre la República y Pdvsa, argumento que abrió la puerta a que acreedores intentaran ejecutar activos como Citgo. Luego, desde la Procuraduría, le correspondió coordinar precisamente la defensa frente a ese mismo frente judicial, lo que generó fuertes cuestionamientos por potencial conflicto de interés.
En 2020, la jefatura pasó a Enrique Sánchez Falcón, quien recibió una institución sin un registro consolidado de obligaciones financieras con bufetes internacionales. La oficina tuvo que reconstruir compromisos pendientes a partir de facturas dispersas entregadas por los propios despachos legales.
Durante su gestión, la Procuraduría Especial coordinó más de 145 procesos judiciales y 63 arbitrajes internacionales relacionados con deuda soberana, expropiaciones petroleras y mineras, así como intentos de ejecución de activos venezolanos en el exterior.
El informe final presentado en enero de 2023 reflejó una ejecución presupuestaria de 883.245,76 dólares en tres años, destinados a salarios, consultores jurídicos y gastos administrativos. El procurador especial devengaba 5.000 dólares mensuales, mientras asesores y directores de gabinete recibían entre 3.800 y 5.000 dólares.
Pero el grueso del gasto estuvo en los contratos con firmas internacionales. Entre las facturas registradas destacan pagos a Arnold & Porter, encargada del litigio por el oro del Banco Central de Venezuela en Londres, con montos superiores a 1.2 millones de dólares en algunos períodos.
También aparecen pagos a Paul Hastings, contratada para la estrategia de nulidad de los bonos Pdvsa 2020, con facturas que superaron 2.4 millones de dólares, además de honorarios para Hogan Lovells y Sullivan & Cromwell por gestiones relacionadas con licencias y transacciones autorizadas por OFAC.
A partir de 2023, la opacidad se profundizó. No hubo una rendición consolidada de cuentas sobre los gastos asociados a la defensa jurídica de los activos, mientras la estructura política que rodeaba esa administración siguió operando mediante mecanismos paralelos, sin controles democráticos ni responsabilidad institucional directa.
La consecuencia fue una concentración inusual de poder sobre activos públicos en manos de un grupo reducido de dirigentes, asesores y operadores políticos. No existe evidencia documentada de desvío de recursos, pero sí una gestión sin trazabilidad pública completa: contratos legales multimillonarios, lobby, consultoría estratégica y decisiones clave sin documentación integrada sobre quién autorizó cada gasto y bajo qué criterios.
En el caso de Citgo, la transición fue de un saqueo durante el chavismo a una administración opaca durante la oposición. No hubo privatización formal, pero sí una privatización del control: un pequeño grupo de actores tomó decisiones sobre activos públicos sin la transparencia que exigía el contexto.
La fractura institucional se hizo especialmente visible cuando el CAPA intentó modificar la estrategia judicial a finales de 2023 y la junta ad hoc de Pdvsa, reconocida por OFAC y por la Corte de Delaware, simplemente ignoró las instrucciones. El resultado fue un doble mando que debilitó la posición venezolana en plena fase de subasta de Citgo.
Mientras Caracas discutía quién tenía autoridad, Delaware interpretó el caos como evidencia de desorden estructural. Los acreedores aprovecharon esa fractura y la subasta siguió avanzando.
Hoy, más allá de la pérdida de reconocimiento formal de aquellas estructuras, permanece el rastro de decisiones tomadas sobre activos valorados en miles de millones de dólares sin un sistema consolidado de auditoría pública. Lo que queda es una cadena fragmentada de contratos, pagos y litigios, sin documentación integrada que permita reconstruir con precisión quién decidió, quién autorizó y quién supervisó cada movimiento sobre uno de los patrimonios más sensibles de Venezuela.
