Estados Unidos volvió a extender la protección sobre Citgo, la filial en territorio estadounidense de PDVSA, frente a sus acreedores, mediante una nueva licencia general emitida por el Departamento del Tesoro.
La medida reemplaza la licencia vigente desde marzo y autoriza, a partir del 19 de junio, ciertas transacciones vinculadas al bono de deuda emitido por la estatal venezolana en 2016, pero mantiene las restricciones que impiden a los tenedores ejecutar garantías sobre la refinería.
Ese bono, por hasta 7.100 millones de dólares, tiene como respaldo el 50,1% de las acciones de Citgo. Tras el impago declarado en 2019, los acreedores han intentado tomar control del activo para recuperar su inversión.
En 2025, un tribunal en Nueva York validó esos bonos y ordenó a Pdvsa pagar 2.860 millones de dólares. Sin embargo, la administración estadounidense ha bloqueado de forma reiterada cualquier intento de ejecución, con el objetivo de preservar el control sobre uno de los activos externos más estratégicos de Venezuela.
La extensión de la licencia se inscribe en un contexto más amplio de reconfiguración de la política estadounidense hacia el sector energético venezolano. Tras los eventos del 3 de enero, Washington restableció relaciones con Caracas y reconoció a la administración encabezada por Delcy Rodríguez, con la que busca abrir el sector petrolero a inversiones internacionales.
En este escenario, Citgo continúa siendo una pieza clave en la disputa entre acreedores, decisiones judiciales y la estrategia geopolítica de Estados Unidos sobre los activos energéticos venezolanos en el extranjero.
