El proceso judicial que enfrenta el expresidente venezolano Nicolás Maduro en Estados Unidos entró en una nueva fase marcada por tensiones legales, luego de que su equipo de defensa solicitara que el Estado venezolano asuma los costos de sus servicios jurídicos en el caso por narcoterrorismo que se adelanta en su contra. Con información de El Tiempo.
La petición también incluye a su esposa, Cilia Flores, quien figura como coacusada en el expediente que se tramita ante un tribunal federal en Manhattan. La respuesta de los fiscales estadounidenses fue inmediata: calificaron la solicitud como una medida inusual y carente de precedentes, al considerar improcedente que un gobierno extranjero sometido a sanciones financie la defensa de personas que igualmente se encuentran sancionadas.
De acuerdo con los representantes del Gobierno de Estados Unidos, la normativa vigente prohíbe el uso de fondos provenientes de entidades incluidas en listas de sanciones para cubrir honorarios legales de terceros en la misma condición. Este punto se vincula directamente con el debate sobre la legitimidad de los beneficios que los acusados podrían recibir del aparato estatal venezolano.
La defensa de Maduro sostiene que la negativa de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) a otorgar licencias para canalizar esos recursos vulnera garantías constitucionales y el debido proceso. Sin embargo, la fiscalía argumenta que los acusados no tendrían derecho a recibir financiamiento estatal, al no ser considerados funcionarios legítimos desde la perspectiva de Washington.
El pulso legal se intensificó tras una controversia administrativa en torno a una presunta autorización inicial para recibir los pagos, que habría sido revocada horas después. Según los fiscales, dicha aprobación preliminar fue resultado de un error administrativo y no constituye una autorización válida.
En este contexto, las autoridades estadounidenses han precisado que no se oponen a que los acusados utilicen recursos personales disponibles en Venezuela. De hecho, la OFAC habría otorgado una licencia específica para permitir el acceso a activos propios, aunque mantiene la prohibición expresa de emplear fondos discrecionales controlados por un gobierno sancionado.
El tribunal aún debe pronunciarse sobre la solicitud de la defensa, así como sobre otras posibles consecuencias procesales, entre ellas la eventual renuncia de los abogados si no se garantiza el financiamiento requerido. Mientras tanto, el caso continúa captando atención internacional debido a la gravedad de los cargos y a las implicaciones políticas y diplomáticas de un juicio que cuestiona la estructura de poder en Venezuela.
