Durante más de una década, Estados Unidos ha transitado un cambio radical en su política frente a la marihuana. Lo que comenzó como una excepción en algunos estados se ha convertido en una norma: hoy, la mayoría de los estadounidenses vive en jurisdicciones donde es legal comprar y consumir cannabis con fines recreativos. En diciembre, el presidente Donald Trump dio un nuevo paso al flexibilizar restricciones federales, profundizando una tendencia que parecía irreversible. Con información de The New York Times.
Durante años, los defensores de la legalización sostuvieron que el consumo de marihuana traería pocas consecuencias negativas. Se afirmó que no generaría aumentos significativos en el uso, que la adicción sería marginal y que incluso podría aportar beneficios netos para la salud. Sin embargo, la evidencia acumulada muestra un panorama muy distinto. Hoy, cerca de 18 millones de personas en Estados Unidos consumen marihuana casi a diario, una cifra que triplica los niveles de 2012 y multiplica por más de diez los de principios de los años noventa. El consumo cotidiano de marihuana ya supera al del alcohol.
Este aumento ha venido acompañado de efectos colaterales que ya no pueden ignorarse. Millones de personas padecen síndrome de hiperémesis cannabinoide, con vómitos severos y dolor abdominal. Los hospitales registran más ingresos por paranoia y trastornos psicóticos asociados al consumo frecuente, y los accidentes de tránsito relacionados con la marihuana también van en ascenso. Investigaciones del The New York Times han advertido que el daño acumulado es más amplio y grave de lo que se había reconocido públicamente.
El fracaso, sin embargo, no es haber abandonado la prohibición penal. La guerra contra la marihuana dejó un historial de arrestos masivos, impactos desproporcionados sobre comunidades negras, latinas y pobres, y costos sociales que hoy pocos defienden. Volver a criminalizar el consumo sería un retroceso. El verdadero problema ha sido avanzar en la legalización sin asumir seriamente la regulación.
Entre la prohibición absoluta y el libre mercado sin controles existe un punto intermedio. El politólogo y experto en políticas de drogas Mark Kleiman lo definió como “tolerancia a regañadientes”: aceptar la legalidad, pero limitar activamente los daños. Ese enfoque implica reconocer que la marihuana no es inofensiva, especialmente cuando su consumo es intenso y sostenido.
Uno de los factores más preocupantes es la potencia del cannabis actual. Mientras en los años noventa la marihuana incautada por la Drug Enforcement Administration contenía alrededor de 4 % de THC, hoy existen productos legales con concentraciones que superan el 90 %. Esta escalada ha contribuido al aumento de la adicción y de los trastornos asociados. Limitar la potencia máxima y gravar con mayores impuestos las formas más concentradas aparece como una medida lógica, comparable a la diferencia impositiva entre cerveza, vino y licores fuertes.
El rol de la industria también resulta clave. La legalización permitió el surgimiento de grandes empresas con incentivos claros para minimizar los riesgos del consumo frecuente. Más de la mitad de las ventas del sector proviene de un reducido grupo de consumidores habituales, lo que explica la resistencia a cualquier regulación que pueda desalentar el uso intensivo. En 2024, el mercado legal de la marihuana superó los 30 mil millones de dólares en ventas, un volumen comparable al de gigantes del consumo masivo, acompañado de una creciente capacidad de presión política.
En este contexto, la reclasificación de la marihuana de la Lista I a la Lista III beneficia principalmente a las empresas del sector, al mejorar su tratamiento fiscal, sin introducir mecanismos sólidos de control sanitario o social. Lejos de una “tolerancia a regañadientes”, la política actual ha tendido a normalizar e incluso promover el consumo.
La experiencia del alcohol y el tabaco ofrece un marco útil. Ambos productos son legales, pero están sujetos a impuestos elevados, restricciones publicitarias y límites claros de uso. En el caso del tabaco, el aumento sostenido de impuestos ha sido una de las razones principales de la caída del consumo en el siglo XXI, con beneficios evidentes para la salud pública. La marihuana, en cambio, sigue estando poco gravada y fragmentada en regulaciones estatales desiguales.
Un impuesto federal, acompañado de impuestos estatales más altos, permitiría desincentivar el consumo excesivo sin castigar de forma significativa a los usuarios ocasionales. Además, una intervención más firme frente a las falsas promesas médicas de algunos dispensarios ayudaría a corregir la percepción errónea de que el cannabis es una solución terapéutica generalizada, algo que décadas de estudios no han logrado demostrar.
La flexibilización sin controles ha tenido consecuencias más graves de las que muchos anticiparon. Reconocerlo no implica renunciar a la legalización ni volver a la criminalización, sino aceptar que legalizar sin regular fue un error incompleto. A la luz de los datos, Estados Unidos enfrenta ahora una tarea incómoda pero necesaria: corregir el rumbo y asumir que la marihuana, como cualquier sustancia que genera placer y daño, exige un equilibrio real entre libertad individual y salud pública.
