El excongresista republicano de Florida David Rivera vuelve a quedar en el centro del radar judicial en Estados Unidos. Un tribunal federal de Miami avanza en el proceso penal en su contra por presuntamente haber actuado como agente de intereses vinculados a Venezuela sin cumplir con la obligación legal de registrarse ante el Departamento de Justicia, tal como exige la Ley de Registro de Agentes Extranjeros (FARA).
Según la acusación, Rivera habría prestado servicios de consultoría y cabildeo entre 2019 y 2020 a favor del empresario venezolano Raúl Gorrín, sancionado por Estados Unidos por su presunta participación en esquemas de corrupción relacionados con el sector eléctrico y financiero venezolano. Los fiscales sostienen que el exlegislador recibió millones de dólares para influir ante funcionarios estadounidenses con el objetivo de mejorar la situación legal de Gorrín, sin declarar esas gestiones como actividades realizadas en nombre de un actor extranjero.
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La investigación señala que Rivera habría utilizado empresas registradas en Delaware para canalizar los pagos y ocultar la verdadera naturaleza de sus servicios, creando estructuras corporativas que simulaban operaciones legales de consultoría. De acuerdo con el expediente, estas maniobras formaban parte de un esquema diseñado para evadir los controles federales y evitar el escrutinio que impone la normativa estadounidense sobre el lobby extranjero.
Este caso se suma a otros problemas judiciales que enfrenta Rivera, quien ya había sido imputado por conspiración y lavado de dinero en una causa relacionada con contratos de consultoría vinculados a la estatal petrolera venezolana PDVSA. En ese expediente, las autoridades estadounidenses investigan pagos millonarios asociados a negocios petroleros gestionados mientras Venezuela se encontraba bajo un severo régimen de sanciones.
Rivera, que representó al sur de Florida en la Cámara de Representantes entre 2011 y 2013, ha rechazado las acusaciones y sostiene que actuó como consultor privado, no como agente extranjero. Sin embargo, el avance del proceso refuerza la ofensiva del sistema judicial estadounidense contra exfuncionarios y operadores políticos que, tras dejar cargos públicos, se convierten en intermediarios de intereses extranjeros sin cumplir las reglas de transparencia.
El caso vuelve a poner sobre la mesa el uso de exfiguras políticas estadounidenses como vehículos de lobby para redes empresariales y financieras ligadas al régimen venezolano, así como el papel de Miami como escenario recurrente de estas investigaciones federales.
