La consultora financiera Isabela Herrera, hija del banquero venezolano convicto Julio Herrera Velutini, propietario de Bancrédito International Bank & Trust Corporation, donó 2.5 millones de dólares al comité de acción política MAGA Inc. a finales de 2024, según registros oficiales de la Comisión de Elecciones Federales de Estados Unidos (FEC).
El donativo fue recibido el 31 de diciembre de 2024, de acuerdo con un documento publicado en la plataforma digital de la FEC, organismo ante el cual los comités de acción política están obligados a reportar sus ingresos y gastos. MAGA Inc. (Make America Great Again) fue creado en 2022 por aliados del presidente estadounidense Donald Trump con el objetivo de recaudar fondos para actividades políticas y para el Partido Republicano, de cara a la campaña que lo devolvió a la Casa Blanca.
La información salió a relucir en una investigación publicada por The New York Times, que reveló que, desde que Trump fue elegido por segunda vez, él y su entorno han recaudado cerca de 2.000 millones de dólares para distintas causas políticas. El reportaje detalla que más de 500 millones de esos fondos pueden rastrearse hasta apenas 346 donantes que aportaron al menos 250.000 dólares cada uno.
Según la investigación periodística, más de la mitad de estos grandes donantes se han beneficiado —o están vinculados a sectores que se han beneficiado— de decisiones, políticas o declaraciones del presidente estadounidense, la Casa Blanca o agencias federales, lo que ha reavivado el debate sobre la influencia del dinero privado en la política estadounidense.
En relación con el caso judicial de Herrera Velutini, un portavoz del Department of Justice negó que la donación de 2.5 millones de dólares a MAGA Inc. estuviera vinculada al acuerdo alcanzado en el proceso penal en el que el banquero se declaró culpable junto a la exgobernadora de Puerto Rico Wanda Vázquez Garced y el exagente del FBI y asesor financiero Mark Rossini. “La decisión de resolver este caso se tomó a través de los canales apropiados y no estuvo influenciada por ninguna donación a MAGA Inc.”, indicó el portavoz al medio estadounidense.
No obstante, John D. Keller, exjefe de la división del Departamento de Justicia que manejó el caso y quien posteriormente renunció en señal de protesta, calificó como “impactante” la diferencia entre el acuerdo alcanzado y los más de 20 años de prisión que Herrera Velutini habría enfrentado de haberse probado los cargos originales. En declaraciones citadas por The New York Times, Keller sostuvo que el caso “parece ser otro ejemplo de consideraciones políticas que dictan el resultado de un proceso penal individual”.
A este historial judicial se suma una nueva controversia legal. En julio de 2025, una firma de abogados estadounidense demandó a Herrera Velutini ante una corte federal de Manhattan, alegando que el banquero adeuda cerca de 500.000 dólares en honorarios legales por servicios prestados durante la fase inicial de su proceso penal. Según informó Reuters, la firma —que se retiró del caso en mayo de 2024— sostiene que, pese a haber trabajado en su defensa cuando enfrentaba cargos de soborno, conspiración y fraude electrónico, no recibió el pago correspondiente. Posteriormente, Herrera Velutini contrató a otros abogados de alto perfil para continuar su defensa.
Entre esos abogados se encuentra Christopher Kise, uno de los principales representantes legales de Trump, quien lo defendió tanto en el caso penal por el manejo de documentos clasificados —posteriormente desestimado— como en el proceso civil por fraude en Nueva York relacionado con sus compañías.
El caso penal contra Herrera Velutini se remonta a agosto de 2022, cuando un gran jurado federal acusó al banquero, junto con Vázquez Garced y Rossini, por un presunto esquema de soborno relacionado con la campaña electoral de 2020 en Puerto Rico. En conjunto, enfrentaban cargos por conspiración, soborno en programas federales y fraude electrónico por servicios honestos. En el caso del banquero venezolano, además, se incluían cargos vinculados a un esquema de soborno distinto.
Tras una reunión con altos funcionarios del Departamento de Justicia en Washington D.C., en mayo de este año, los coacusados y la Fiscalía federal alcanzaron un acuerdo para evitar el juicio, que estaba pautado para agosto. Como resultado, se presentó una nueva acusación que redujo el caso a un solo cargo por un delito menor bajo la Ley Federal de Campañas Electorales (FECA), relacionado con la aceptación o promesa de aportaciones extranjeras para una campaña política en Estados Unidos.
En agosto, los tres coacusados se declararon culpables ante la jueza federal Silvia Carreño Coll y actualmente esperan las vistas de sentencia, previstas para 2026. En una orden emitida en julio, la magistrada señaló que la pena asociada a la violación de la Sección 30121 de la FECA constituye “una mera palmadita en la mano” en comparación con las sanciones que habrían enfrentado de prosperar la acusación original, aunque reconoció que el cambio de rumbo del caso entra dentro de la discrecionalidad procesal del gobierno federal.
Por su parte, la defensa de Vázquez Garced sostuvo en una moción presentada en agosto que el acuerdo con la Fiscalía federal respondió a la existencia de “nueva evidencia contundente y exculpatoria” y no a presiones políticas. Según ese planteamiento, el gobierno federal nunca alegó interferencias externas ni capitulación forzada, sino negociaciones voluntarias y profesionales.
La acusación original sostenía que Vázquez Garced, Herrera Velutini, Rossini y otras personas no imputadas formalmente participaron en un esquema de soborno mediante el cual la entonces gobernadora habría reemplazado al jefe de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF), George Joyner, por un funcionario favorecido por Herrera Velutini, a cambio de contribuciones políticas y contratos de consultoría. El cambio se habría producido luego de investigaciones del OCIF sobre presuntas violaciones regulatorias cometidas por Bancrédito.
