La Corte de Apelaciones del Quinto Circuito en Nueva Orleans bloqueó en la noche del martes la polémica decisión de Donald Trump de activar la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 para acelerar la deportación de migrantes venezolanos acusados de pertenecer a la banda criminal Tren de Aragua.
El tribunal sostuvo que la norma, reservada a tiempos de guerra o ante una “invasión depredadora”, no puede aplicarse en este contexto, como pretendía la Casa Blanca. La jueza Leslie Southwick, designada por George W. Bush, y su colega Irma Carrillo Ramírez, nombrada por Joe Biden, coincidieron en que la acción del Ejecutivo carece de fundamento legal. El único voto favorable fue el del magistrado Andrew Oldham, designado por Trump.
La Administración había justificado la medida alegando que el Tren de Aragua, al que atribuye nexos con el régimen de Nicolás Maduro, representa una amenaza equiparable a una invasión extranjera. Sin embargo, el tribunal rechazó esa narrativa. “El uso de una ley de tiempos de guerra en tiempos de paz para regular la inmigración fue correctamente bloqueado”, celebró Lee Gelernt, abogado de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU).
En enero, Trump declaró al Tren de Aragua como organización terrorista y, en marzo, ordenó la expulsión de 137 venezolanos a El Salvador bajo la Ley de Enemigos Extranjeros. La mayoría no tenía antecedentes penales. Posteriormente, fueron repatriados a Venezuela en un intercambio de presos con el chavismo. El Departamento de Justicia sostiene que la pandilla opera como brazo paramilitar de Maduro, aunque no existen pruebas sólidas que respalden esa acusación.
Este caso, que comenzó con el traslado de decenas de migrantes a un centro de detención en Texas, donde un juez afín a Trump había rechazado suspender las deportaciones, escaló hasta el Supremo, que intervino dos veces con medidas de emergencia. Ahora, el Quinto Circuito reafirma los límites al Ejecutivo, abriendo la puerta a que el máximo tribunal resuelva definitivamente si un presidente puede usar una ley de tiempos de guerra para deportar migrantes en tiempos de paz.
La batalla judicial plantea preguntas cruciales sobre el debido proceso y la separación de poderes. Como señaló el juez Brett Kavanaugh en una opinión reciente, la legalidad de la aplicación de esta norma “probablemente solo podrá resolverse de forma definitiva en la Corte Suprema”.
