El presidente de República Dominicana, Luis Abinader, anunció que el Estado ha recuperado 6.500 millones de pesos producto de actos de corrupción, gracias al trabajo del Equipo de Recuperación de Patrimonio Público (ERPP). Esta suma, según informó durante su alocución en La Semanal con la Prensa, será incorporada al presupuesto del próximo semestre para ser destinada a inversiones o gastos priorizados. Con información de Diario Libre.
Del total recuperado, 3.500 millones corresponden a recuperación directa y 3.000 millones están relacionados con casos vinculados a las Empresas Distribuidoras de Electricidad (EDE). El mandatario también precisó que aún están en curso procesos para la recuperación de otros 130 mil millones de pesos, los cuales se encuentran en distintas fases judiciales y administrativas.
Abinader explicó que los bienes recuperados son transferidos al Estado a través del Instituto Nacional de Custodia y Administración de Bienes Incautados, Decomisados y en Extinción de Dominio (Incabide), institución encargada de gestionar las subastas de los bienes muebles, cuya primera jornada está prevista para finales de julio o inicios de agosto. En el caso de los bienes inmuebles o montos en efectivo, los recursos serán enviados a la Tesorería Nacional y su uso estará definido mediante una ley especial.
El presidente reconoció que el proceso de recuperación ha enfrentado múltiples obstáculos, incluyendo resistencia de funcionarios, falta de acceso a información internacional, presiones políticas y limitaciones logísticas y legales. No obstante, aseguró que su administración sigue firme en su compromiso con la transparencia y la lucha contra la impunidad. “No importa quién sea, no importa el apellido que tenga, si cometió un acto ilegal va a tener que responder ante el Ministerio Público”, sentenció.
Invitó a la ciudadanía a denunciar cualquier caso de corrupción, asegurando que toda denuncia será investigada. “Haga la denuncia, nosotros hacemos la investigación y usted puede estar seguro de que no va a haber impunidad”, reiteró.
Entre 2020 y 2025, se han remitido 287 expedientes al Ministerio de Administración Pública por abuso de poder, acoso laboral, nepotismo y duplicidad de funciones, y se han enviado 49 casos al Ministerio Público, con un tiempo promedio de respuesta de 55 días, por debajo del estándar de 90 días.
Asimismo, el Gobierno reportó la cancelación o detención de más de 517 procesos de compras sospechosas, lo que permitió proteger recursos públicos por más de 43 mil millones de pesos. También se emitieron 112.000 alertas a instituciones estatales para prevenir prácticas irregulares.
Según Abinader, estas acciones forman parte de una política decidida para fortalecer la rendición de cuentas y consolidar una cultura institucional basada en la legalidad, la transparencia y el respeto a los recursos públicos.
