La Audiencia Nacional acordó este lunes archivar la investigación sobre financiación irregular de Podemos, cerrada en 2016 y reabierta en 2021 a raíz de las declaraciones de Hugo Armando Carvajal, El Pollo Carvajal, jefe de la contrainteligencia venezolana hasta 2014. Según detallan fuentes jurídicas, el magistrado ha tomado esta decisión tras recibir la orden de la Sala de lo Penal del mismo tribunal, que aceptó los argumentos de la Fiscalía sobre estas pesquisas, que considera prospectivas.
La Fiscalía considera que no existen pruebas o indicios que sustenten una instrucción sobre las acusaciones del militar venezolano. Las pesquisas desbordan claramente el único objeto de la causa y pretende investigar económicamente a distintas personas físicas y jurídicas ajenas al objeto del procedimiento, además que pretende fiscalizar la financiación de un partido político, siendo ello competencia del Tribunal de Cuentas, expuso la Sala.
La causa reabierta contra Podemos comienza en 2016, cuando un partido llamado Unión Cívica Española-Partido por la Paz, Reconciliación y Progreso de España presentó una querella contra el partido, su cúpula directiva y contra Pablo Iglesias por los delitos de financiación ilegal de partidos políticos, delito fiscal y blanqueo de capitales.
Tras analizar el caso, el magistrado Alejandro Abascal decidió archivarlo al calificar la denuncia como “un conjunto desordenado de reproducciones de noticias publicadas en la prensa”. Pero García-Castellón lo reabrió el pasado octubre tras las declaraciones del Pollo. El venezolano, que trató de frenar así su entrega a Washington, aportó a la Audiencia varios documentos para tratar de sostener sus acusaciones, que Podemos califica como “difamaciones”.Lo que más afecta es lo que sucede más cerca.
El militar fue detenido en septiembre de 2021 tras permanecer dos años fugado de la justicia española, que dio luz verde a su extradición a EE UU y que se encuentra actualmente suspendida a la espera de que se resuelva un recurso que presentó ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. El país americano lo reclama para juzgarlo por narcotráfico, blanqueo y colaboración con la exguerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
