Demócratas Preparan Investigaciones Sobre Acuerdo Petrolero de USD 100.000 Millones Entre Trump y Empresa de Alejandro Betancourt

Legisladores estadounidenses buscan esclarecer las condiciones del acuerdo que otorgaría a North American Blue Energy Partners (NABEP) una concesión de 100 años sobre 17 yacimientos petroleros venezolanos. Las investigaciones apuntan a posibles conflictos de interés, falta de transparencia y mecanismos de supervisión de los ingresos petroleros.

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Alejandro Betancourt

Los demócratas del Congreso de Estados Unidos preparan una serie de investigaciones sobre el acuerdo petrolero de hasta 100.000 millones de dólares anunciado en agosto por la administración de Donald Trump con North American Blue Energy Partners (NABEP), empresa vinculada al empresario venezolano Alejandro Betancourt. El convenio contempla una concesión de 100 años sobre 17 yacimientos petroleros venezolanos, a cambio de una participación del 35 % del gobierno estadounidense en la compañía.

Las investigaciones están siendo impulsadas por legisladores de varios comités del Congreso, entre ellos el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, el Comité de Servicios Armados del Senado y el Subcomité Permanente de Investigaciones. Robert Garcia, representante demócrata por California, señaló que uno de los principales objetivos será determinar si existieron actos de corrupción, beneficios indebidos para determinadas empresas o garantías especiales otorgadas por la administración Trump. También planteó la posibilidad de promover reformas legislativas para impedir eventuales abusos.

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El acuerdo permitiría a NABEP desarrollar operaciones sobre yacimientos que concentran aproximadamente 65.000 millones de barriles de reservas probadas, ubicados principalmente en la región del lago de Maracaibo y la Faja Petrolífera del Orinoco. Según la Casa Blanca, la compañía proyecta inversiones de hasta 100.000 millones de dólares para modernizar la infraestructura e incrementar la producción. Estados Unidos también tendría derecho a adquirir el 20 % del petróleo extraído a precio de costo, una condición que la administración presenta como una herramienta para fortalecer su seguridad energética y contribuir al abastecimiento de su reserva estratégica.

Sin embargo, los legisladores demócratas cuestionan que el texto íntegro del convenio no haya sido divulgado públicamente y exigen conocer qué compromisos asumió Washington a cambio de su participación accionaria. Las preocupaciones también alcanzan a Alejandro Betancourt, quien ha sido objeto de investigaciones relacionadas con posibles operaciones de lavado de dinero y corrupción en Estados Unidos, España y Suiza. El empresario no ha sido acusado penalmente en esos procedimientos, según la información publicada, y ha negado haber cometido irregularidades.

El senador Jack Reed, principal representante demócrata del Comité de Servicios Armados, expresó preocupación por la posibilidad de que la intervención militar estadounidense que culminó con la captura de Nicolás Maduro haya estado vinculada a intereses petroleros. Por su parte, Richard Blumenthal, quien encabezará el Subcomité Permanente de Investigaciones, advirtió sobre el potencial de corrupción en la operación. El senador Martin Heinrich también anunció que continuará examinando la legalidad del acuerdo, sus eventuales implicaciones para los contribuyentes estadounidenses y los beneficios reales para los consumidores.

La revisión legislativa también abarcará los mecanismos de administración de los ingresos petroleros venezolanos. El 12 de noviembre, el Departamento de Estado divulgó un informe sobre la cuenta controlada por Estados Unidos que administra esos recursos, en el que se registraron desembolsos por 12.100 millones de dólares a Venezuela entre enero y septiembre. Los congresistas buscan determinar cómo se supervisan esos fondos, qué controles financieros se aplican y cuáles son las obligaciones de rendición de cuentas derivadas del convenio.

La Casa Blanca defendió el acuerdo como una victoria económica y energética para ambos países, mientras que NABEP aseguró que la participación accionaria estadounidense no representó costos para los contribuyentes ni implicó financiamiento público para la empresa. Su portavoz sostuvo que el convenio establece mecanismos de supervisión corporativa y somete sus operaciones a estándares legales y contables estadounidenses. Pese a estas explicaciones, distintos comités legislativos mantienen sus cuestionamientos sobre la transparencia, la autoridad legal utilizada para estructurar la operación y las condiciones bajo las cuales una empresa privada obtuvo derechos de explotación sobre una parte significativa de las reservas petroleras venezolanas.

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