Fiscales federales de Estados Unidos presentaron una acusación formal contra el gobernador del estado mexicano de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios —activos y retirados— por presuntamente integrar una red de corrupción al servicio del Cártel de Sinaloa, una de las organizaciones criminales más poderosas del hemisferio. Con información de El New York Times.
De acuerdo con la acusación presentada en Manhattan, Rocha Moya habría recibido sobornos y respaldo electoral por parte del grupo criminal a cambio de garantizar protección institucional, permitiendo al cártel operar con impunidad en el estado. Los fiscales sostienen que el esquema incluía la colocación de funcionarios afines en estructuras clave del gobierno regional.
La imputación también alcanza a otras figuras políticas, entre ellas un senador, un alcalde y altos funcionarios de seguridad, quienes habrían recibido pagos para evitar detenciones, filtrar operativos y facilitar el tráfico de drogas hacia territorio estadounidense.
Según el expediente judicial, durante la campaña electoral de 2021, Rocha Moya se habría reunido con líderes del cártel, incluyendo a Ovidio Guzmán López e Iván Archivaldo Guzmán Salazar, hijos de Joaquín Guzmán Loera. En ese encuentro —custodiado por hombres armados— se habría acordado apoyo logístico y coercitivo para asegurar su victoria electoral, incluyendo robo de boletas, intimidación y secuestro de candidatos opositores.
A cambio, el gobernador presuntamente facilitó la expansión de operaciones del cártel, permitiendo el tráfico de “cantidades masivas” de fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina hacia Estados Unidos, a cambio de millones de dólares.
Entre los señalados destaca Juan Valenzuela Millán, comandante policial en Culiacán, quien, según los fiscales, recibía pagos mensuales para distribuir entre agentes de seguridad, permitiendo el libre tránsito de drogas e incluso el uso de recursos policiales por parte del cártel. La acusación lo vincula además con la entrega de una fuente confidencial de la DEA al grupo criminal, que terminó asesinada junto a su familia.
Otro de los implicados, Enrique Díaz Vega, exsecretario de Finanzas de Sinaloa, habría facilitado información sobre opositores políticos para ser atacados, mientras que Dámaso Castro Zaavedra, actual subprocurador, habría alertado al cártel sobre operativos antidrogas.
El gobernador Rocha rechazó las acusaciones, calificándolas de “totalmente falsas y sin fundamento”, y aseguró que forman parte de un intento de Estados Unidos por vulnerar la soberanía de México y atacar a su movimiento político.
El caso coloca bajo presión a la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, quien ha centrado su estrategia de seguridad en combatir estructuras criminales, pero ha evitado confrontar directamente a funcionarios electos. La acusación también amenaza con tensar la relación bilateral con Estados Unidos, en un momento de cooperación reforzada contra el narcotráfico bajo la administración de Donald Trump.
La acción judicial representa uno de los movimientos más agresivos de Washington contra la presunta infiltración del narcotráfico en estructuras políticas mexicanas, elevando el conflicto desde el terreno criminal al ámbito institucional.
