El uso creciente de las stablecoins en pagos digitales y transferencias transfronterizas está generando nuevos desafíos regulatorios para las autoridades financieras internacionales. Así lo advierte el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que identifica las transferencias entre pares realizadas a través de billeteras cripto de autocustodia como uno de los principales puntos débiles del ecosistema. Con información de Cointelegraph.
En un reciente informe, el organismo señala que este tipo de operaciones puede realizarse sin la intervención de intermediarios regulados, como exchanges o custodios de activos virtuales, lo que reduce la capacidad de las autoridades para aplicar controles contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.
El GAFI considera que esta estructura crea brechas en la supervisión, ya que las transacciones se ejecutan fuera del ámbito de las entidades obligadas a monitorear la actividad financiera y reportar movimientos sospechosos. El fenómeno adquiere mayor relevancia a medida que las stablecoins se consolidan como instrumentos utilizados en el comercio digital, los pagos internacionales y las transferencias de valor entre jurisdicciones.
El organismo instó a los países a evaluar los riesgos asociados a los modelos de stablecoins y a implementar medidas de mitigación proporcionadas. Entre ellas, plantea reforzar la supervisión cuando las billeteras de autocustodia interactúan con plataformas reguladas y establecer obligaciones más claras de cumplimiento para las entidades involucradas en la emisión y distribución de estos activos digitales.
Aunque las transacciones en redes blockchain públicas pueden ser rastreadas técnicamente al quedar registradas en los libros distribuidos, la naturaleza seudónima de las direcciones digitales dificulta en muchos casos la identificación de los usuarios finales, lo que limita la eficacia de las investigaciones financieras.
El informe también recoge datos de firmas de análisis de blockchain que indican que las stablecoins concentran una parte significativa del volumen de transacciones ilícitas en el ecosistema cripto. Sin embargo, estas actividades continúan representando menos del 1% del total de operaciones registradas en redes públicas, lo que refleja que el crecimiento del sector no está necesariamente vinculado de forma proporcional a un aumento de la criminalidad.
Para el GAFI, el desafío regulatorio radica en equilibrar la innovación tecnológica y la expansión de los servicios financieros digitales con la necesidad de mantener mecanismos eficaces de transparencia, control y cooperación internacional en la prevención del delito financiero.
