La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió la Licencia General Nº 50, una medida que redefine el marco operativo para empresas extranjeras en los sectores petrolero y gasífero de Venezuela, al autorizar formalmente actividades no solo de Chevron, sino también de Shell, British Petroleum (BP), la italiana ENI y la española Repsol.
Sin embargo, la licencia excluye expresamente a la empresa francesa Maurel & Prom, lo que evidencia una selección específica de actores autorizados dentro de la reconfiguración del sector energético venezolano bajo supervisión estadounidense.
La OFAC establece que todas las transacciones realizadas bajo esta licencia estarán estrictamente sujetas a las leyes de Estados Unidos, tanto federales como estatales. Asimismo, cualquier disputa legal derivada de estas operaciones deberá resolverse dentro del territorio estadounidense, consolidando el control jurídico de Washington sobre estas actividades.
En materia financiera, la licencia dispone que cualquier pago monetario, excluyendo impuestos, tasas o permisos locales, deberá realizarse a través de los Fondos de Depósito de Gobiernos Extranjeros, conforme a lo establecido en la Orden Ejecutiva 14373 del 9 de enero de 2026, o en cualquier otra cuenta que indique el Departamento del Tesoro.
En cuanto a los pagos por concepto de impuestos o regalías vinculados a la producción de petróleo o gas, estos también deberán canalizarse hacia dichos fondos o cuentas designadas por el Tesoro estadounidense, lo que limita el acceso directo del aparato estatal venezolano a los ingresos generados por estas operaciones.
Adicionalmente, las empresas autorizadas deberán presentar informes detallados a la OFAC que incluyan la descripción completa de las transacciones realizadas, especificando cantidades, valores, fechas y cualquier pago efectuado al Gobierno venezolano. El primer informe deberá entregarse dentro de los diez días posteriores a la ejecución de la primera transacción, y posteriormente cada 90 días mientras las operaciones continúen.
Esta nueva licencia confirma que, aunque Washington permite la reactivación parcial del sector energético venezolano con participación de empresas internacionales, mantiene un control estricto sobre los flujos financieros, la supervisión operativa y la jurisdicción legal de todas las actividades autorizadas.
