El banquero venezolano Julio Herrera Velutini celebró el indulto presidencial concedido por Donald Trump en el caso federal que lo involucró a la exgobernadora de Puerto Rico Wanda Vázquez Garced, calificándolo como un perdón “benévolo”, en medio de cuestionamientos persistentes sobre su historial financiero y político tanto en Estados Unidos como en Reino Unido y en Venezuela.
A través de sus abogados Lilly Ann Sánchez y Christopher Kise, Herrera Velutini expresó que está “profundamente agradecido” con Trump por la concesión del indulto y que espera “seguir adelante con su vida y dedicar su tiempo a su familia y su carrera”. Los abogados subrayaron que el término “benévolo” implica buena voluntad hacia las personas, de acuerdo con la definición de la Real Academia Española.
El indulto presidencial, divulgado por medios estadounidenses que citaron fuentes oficiales de la Casa Blanca, también beneficia al exagente federal Mark Rossini, tercer implicado en el caso. El abogado de Vázquez Garced, Peter John Porrata, confirmó públicamente la concesión del perdón, mientras trascendía que Trump considera que el proceso judicial tuvo motivaciones de “persecución política”.
La decisión se conoció pocos días después de que saliera a la luz que Isabela Herrera, hija del banquero venezolano, donó un millón de dólares al comité MAGA Inc., apenas 37 días después de que los acusados alcanzaran un acuerdo de culpabilidad con el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Dicho acuerdo redujo el caso de corrupción pública a un cargo menos grave de carácter electoral. Previamente, Isabela Herrera había donado otros 2.5 millones de dólares al mismo comité en 2022, según reveló el diario El Nuevo Día.
Vázquez Garced fue acusada en agosto de 2022 por corrupción pública. Según la acusación federal, Herrera Velutini y Rossini prometieron apoyo financiero para la campaña política de la entonces gobernadora en 2020, a cambio de que utilizara su influencia para destituir al director de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF), organismo que investigaba al banco Bancrédito, propiedad de Herrera Velutini.
En ese contexto, Herrera Velutini renunció a la presidencia de Bancrédito al conocerse las imputaciones federales en su contra, por cargos que incluían conspiración, soborno y fraude electrónico, tras lo cual el banco dejó de operar en Puerto Rico.
Desde 2015, la OCIF había emitido advertencias y exigido correctivos a Bancrédito por incumplimientos regulatorios y operaciones sospechosas, motivo por el que el banco entró en un proceso de liquidación voluntaria ordenado por el regulador y dejó de operar en el 2022.
En febrero de 2020, el entonces comisionado Joyner Kelly presentó su renuncia, presuntamente bajo presión. Posteriormente, Vázquez Garced nombró como su reemplazo a Víctor Rodríguez Bonilla, quien, de acuerdo con la acusación, habría sido recomendado por Herrera Velutini. A cambio, la exgobernadora habría recibido un soborno de 300.000 dólares, canalizado a través de un estudio o encuesta vinculada a su campaña electoral.
Los cargos de corrupción pública fueron retirados tras el acuerdo de culpabilidad alcanzado por los tres acusados, quienes se declararon culpables en agosto de violar el Título 52 del Código de Estados Unidos, sección 30121, de la Ley Federal de Campañas Electorales (FECA), que prohíbe a corporaciones y entidades extranjeras realizar contribuciones o gastos para influir en elecciones federales. La vista de sentencia estaba pautada para el 29 de enero, aunque podría quedar sin efecto tras el indulto.
En el mismo expediente judicial también fueron acusados Frances Díaz, presidenta de Bancrédito, y John Blakeman, exasesor político de Vázquez Garced. Ambos se declararon culpables y colaboraron con las autoridades federales, aunque aún no han sido sentenciados.
Antecedentes: el rastro financiero en Venezuela
Más allá del caso en Puerto Rico, el nombre de Herrera Velutini arrastra señalamientos de larga data en Venezuela. Como se documenta en el libro El Gran Saqueo, de Carlos Tablante y Marcos Tarre, el banquero figura entre los responsables de la crisis financiera ocurrida entre 2009 y 2011, un colapso que ocasionó un daño patrimonial incalculable al país.
Su gestión al frente de Helm Bank, a través de un fideicomiso vinculado a Seguros Banvalor, propiedad de los hermanos Castillo Bozo, es señalada como uno de los ejemplos más claros de cómo parte del sector asegurador venezolano utilizó fideicomisos para ocultar el origen y destino de fondos del Estado, desviados posteriormente a paraísos fiscales mediante complejas y opacas operaciones financieras.
El 19 de diciembre de 2008, apenas dos meses después de la compra del banco y cuando aún se esperaba la aprobación de la Superintendencia de Bancos, un empleado de Helm Bank presentó un Reporte de Actividad Sospechosa (RAS). El informe alertaba sobre cinco desembolsos consecutivos de cuatro millones de bolívares cada uno, transferidos a empresas constituidas el mismo día, con idénticos montos de apertura, registradas por el mismo abogado y con un objeto social prácticamente idéntico.
Pese a tratarse de empresas de reciente inicio de operaciones, recibieron préstamos millonarios. A través de este entramado empresarial ficticio, Herrera Velutini se habría otorgado un autopréstamo por un total de 20 millones de bolívares en un solo día. Aunque nunca se determinaron con precisión las cantidades desviadas bajo esta modalidad, diversas estimaciones apuntan a que millones de dólares fueron colocados en paraísos fiscales utilizando el fideicomiso de Seguros Banvalor como vehículo financiero.
Actualmente, Herrera Velutini reside en el Reino Unido, desde donde controla sus negocios financieros —entre ellos Britannia Financial Group—, mantiene una extensa red de conexiones políticas y administra una fortuna estimada en 1.600 millones de dólares.
Documentos judiciales y reportes internacionales indican que, desde 2019 hasta 2022, Herrera Velutini y su firma Britannia Financial Group hicieron donaciones —por más de 500.000 libras esterlinas— al Partido Conservador del Reino Unido (Tory), lo que generó cuestionamientos sobre la relación del banquero con la política británica y posibles influencias transnacionales.
