El caso Plus Ultra ha vuelto a situar en el debate público el nombre del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, no por una imputación formal, sino por su proximidad personal y política a varios de los protagonistas de una trama investigada por presunto blanqueo de capitales con origen en Venezuela. Con información de El País.
Las pesquisas judiciales apuntan a una red internacional que habría canalizado fondos procedentes, entre otras fuentes, de programas públicos venezolanos como los Comités Locales de Abastecimiento y Producción CLAP y de operaciones vinculadas al oro, utilizando estructuras empresariales en Europa. En ese contexto, la aerolínea Plus Ultra habría actuado como posible vehículo financiero tras recibir un rescate o préstamo público de 53 millones de euros aprobado por el Gobierno español en 2021.
La investigación judicial, bajo secreto de sumario, partió de una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción que recibió solicitudes de cooperación de las autoridades de Francia y Suiza ante indicios de una organización dedicada a lavar fondos provenientes de Venezuela a través de múltiples jurisdicciones y sociedades en Europa. Según las diligencias, parte del supuesto dinero ilícito – resultado de presuntos delitos como malversación de programas sociales como los CLAP y la venta de oro desde Venezuela – habría terminado en cuentas en el extranjero, y la aerolínea habría sido empleada como vehículo financiero intermedio tras recibir las ayudas públicas.
El nombre de Zapatero aparece asociado a la investigación a través de su relación con el empresario Julio Martínez Martínez, señalado en diligencias policiales y judiciales como una figura clave del entramado societario investigado. Distintos medios han subrayado además el papel del expresidente como interlocutor privilegiado con el régimen de Nicolás Maduro, lo que ha alimentado las dudas sobre su influencia política en decisiones económicas sensibles.
Aunque Zapatero no está imputado y ha negado cualquier intervención en el rescate o préstamo a Plus Ultra, el caso vuelve a plantear interrogantes relevantes sobre transparencia, puertas giratorias e influencia política en el uso de fondos públicos, especialmente cuando estos se cruzan con investigaciones internacionales por blanqueo de capitales y desvío de recursos procedentes de programas sociales de Venezuela.
