La sentencia dictada por la Suprema Corte de Justicia de República Dominicana el 29 de diciembre de 2023, relacionada con el colapso del Banco Peravia, ha vuelto a poner de relieve la intrincada red de actividades ilícitas que condujeron a su quiebra. A pesar de las condenas impuestas a varios ejecutivos dominicanos, el fallo deja al descubierto una notable ausencia de responsabilidad penal para los verdaderos artífices de este fraude, un grupo de ciudadanos venezolanos cuya actuación ha quedado, hasta ahora, impune. Por Javier Ignacio Mayorca a través de El Estímulo.
Este grupo, liderado por figuras como Gabriel Arturo Jiménez Aray y José Luis Santoro, no solo ejerció un papel predominante en la gestión del banco sino que también lo utilizó como plataforma para operaciones de lavado de dinero a gran escala. Estas actividades no solo socavaron la estabilidad financiera de la República Dominicana sino que también plantearon serias preguntas sobre la efectividad de los mecanismos de supervisión y regulación financiera en el país.
El Banco Peravia, que abrió sus puertas en Baní en 1987, experimentó una dramática transformación bajo la influencia venezolana a partir de 2008, convirtiéndose en un eslabón crucial en la cadena de exportación de capitales ilegales desde Venezuela, exacerbada por un rígido control de cambio. Este escenario fue el caldo de cultivo perfecto para que el banco se convirtiera en una de las “lavadoras” preferidas por la llamada “boliburguesía”, permitiendo el flujo de enormes sumas de dinero provenientes de actividades corruptas, especialmente relacionadas con la petrolera estatal PDVSA.
La táctica empleada por los acusados no solo implicaba la emisión de certificados falsos a los ahorristas, sino también una complicidad con funcionarios dominicanos, que cerraron los ojos ante el desfalco hasta que la situación se tornó insostenible. Esta red de corrupción facilitó la huida de Jiménez Aray y Santoro, primero a Panamá y luego a Venezuela, dejando tras de sí un rastro de destrucción financiera y reputacional para la República Dominicana.
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