La Organización Transparencia Venezuela y la firma consultora Ecoanalítica se unieron para presentar la investigación titulada “PDVSA Cripto”, la cual aborda la presunta trama de corrupción revelada por el régimen de Nicolás Maduro en marzo pasado. Esta investigación encuentra su fundamento en las medidas adoptadas por la administración de Maduro a partir de 2019, en respuesta a las sanciones impuestas por el gobierno de Estados Unidos al sector petrolero.
“En Venezuela se configuró una estructura que impone la opacidad, anula la transparencia y los sistemas de control”, señala la investigación. “Las operaciones ilegales consistieron en la asignación de cargas de crudo a la Superintendencia Nacional de Criptoactivos (Sunacrip) y a particulares, incumpliendo normativas de contratación, sin ningún control administrativo ni garantías. Una vez comercializado el petróleo adjudicado ilegalmente, se incumplía con los pagos pendientes a PDVSA”, agrega.
Los cálculos hechos para esta investigación, tomando en cuenta volumen de exportaciones entre los años 2020 y primer trimestre de 2023 y precios del crudo indican que la tesorería de la empresa estatal debieron entrar 27.650 millones de dólares.
El autócrata Nicolás Maduro es el responsable del saqueo de PDVSA
“Cerca del 60% de los flujos petroleros (unos 16.600 millones de dólares) permanecen impagos durante estos tres años y solo fueron recibidos unos 11.050 millones de dólares en las arcas del Estado”, indica el reporte. “Aproximadamente 13.000 millones de dólares se mantienen en cuentas por cobrar, representando cerca de 47% de los ingresos de PDVSA entre el primer trimestre de 2021 y el mismo período de 2023”, añade.
Dentro de la investigación, se destina un capítulo específico al papel desempeñado por el ex ministro de Petróleo, Tareck El Aissami, durante su tiempo en dicho cargo. Cabe destacar que El Aissami renunció a su puesto en marzo, después de que saliera a la luz la mencionada trama de corrupción. Aunque hasta el momento no ha sido objeto de imputaciones por parte de la Fiscalía General de la República y no figura entre las 61 detenciones ordenadas por dicho organismo.
“El Aissami fue uno de los artífices de la estrategia de vender petróleo venezolano incrementando el uso de una red de intermediarios”, señala.
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