Un trío de venezolanos mencionados a menudo en documentos judiciales como parte del esquema de lavado de dinero de Pdvsa a través de la Banca Privada de Andorra (BPA) hicieron importantes inversiones inmobiliarias y turísticas en el Caribe más VIP: un hotel en el casco amurallado de Cartagena y villas en Casa de Campo. Se trata del exviceministro Javier Alvarado, su pareja, Cecirée Casanova, y un tercer y misterioso socio, José Luis Zabala. Desde una empresa de este último en Luxemburgo se puede seguir el rastro del dinero. Así lo reseña un reportaje de Valentina Lares y Nathan Jaccard / Armando Info.
Aunque el aparte venezolano -más de 2.000 millones de dólares sustraídos de la estatal petrolera Pdvsa- del caso de lavado de dinero a través de la Banca Privada de Andorra (BPA) no muestre mayores avances en la justicia del pequeño principado pirenaico, eso no quiere decir que hayan dejado de aparecer nuevos indicios y pistas al respecto.
Una pregunta clave y que permanece sin resolver es el destino de muchos de esos fondos masivos. Pero ahora algunos documentos incluidos en el proyecto OpenLux –la base de datos con 3,3 millones de entradas del registro mercantil de Luxemburgo que logró obtener el diario Le Monde de París, y que coordinó el Proyecto de Reportería de la Corrupción y el Crimen Organizado (Occrp, por sus siglas en inglés)– arrojan luz para una respuesta posible, aunque tan solo sea parcial.
Los documentos muestran que el exviceministro de Desarrollo Eléctrico venezolano -división del Ministerio de Petróleo y Energía- y expresidente de Bariven -la filial de Pdvsa a cargo de sus compras internacionales-, Javier Alvarado Ochoa, y su pareja, Cecirée Carolina Casanova Rangel, invirtieron millones de dólares en propiedades de lujo en el Caribe, incluyendo la compra de un hotel de cinco estrellas en la ciudad costera colombiana de Cartagena, y de tres villas en un exclusivo resort en República Dominicana.
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El tercer protagonista de la operación es un misterioso intermediario, también venezolano, de nombre José Luis Zabala.
La querella interpuesta por los fiscales de Andorra alega que, entre 2006 y 2016, un complicado esquema que incluía a ejecutivos de Pdvsa y allegados sustrajo miles de millones de dólares mediante contratos ficticios, sobreprecios y cobro de comisiones desproporcionadas. Los fondos se canalizaban a través de la BPA y fueron a dar a cuentas a nombre de hasta 30 individuos.
Alvarado Ochoa es uno de los personajes principales en el elenco de la causa. No está claro qué destino tuvo todo el dinero que pasó por sus cuentas en BPA. Sí, en cambio, que esas cuentas recibieron al menos 32.7 millones de dólares, según lo que el expediente documenta.
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Casanova, Zabala y Alvarado estaban siendo discretamente investigados por las autoridades y justicias de Estados Unidos, España y Andorra en el momento de las compras. Pero sus perfiles se hicieron públicos en 2015, cuando un informe del Departamento del Tesoro de Estados Unidos señaló a BPA de blanquear fondos ilícitos procedentes de Venezuela, China, Rusia y España, lo que inmediatamente supuso su cierre. Luego, al finalizar las investigaciones, las autoridades andorranas presentaron una demanda contra BPA en 2018, cuando iniciaron un juicio que se encuentra prácticamente congelado.
“Los acusados han contratado a los mayores bufetes de abogados, a los mayores peritos, y por eso no ha avanzado tan rápido como quisiéramos”, dijo Zair Mundaray, un exfiscal venezolano con conocimiento del caso. El caso es delicado, porque podría “exponer a funcionarios de la propia Andorra, y eso dificulta mucho la transparencia”, añadió Mundaray, que huyó de Venezuela a finales de 2017 y ahora vive en Colombia.
