El bufete Alemán, Cordero, Galindo & Lee (Alcogal) creó y legalizó por lo menos 51 de las 78 ‘shell companies’ que sirvieron de vehículo para el blanqueo de hasta 2.000 millones de dólares en pagos de sobornos y comisiones para funcionarios venezolanos originados en la Banca Privada de Andorra. De buena gana lo hizo, no solo gestionando empresas, sino participando de manera activa en la suscripción de contratos por servicios ficticios; luego, cuando el escándalo estalló, de mala gana se desligó de los negocios con clientes riesgosos como Luis Mariano Rodríguez, Diego Salazar o Nervis Villalobos. Así lo reseña un reportaje de Valentina Lares para Armando Info.
Si no fuera tan antigua, podría decirse que la expresión “hacer su agosto” nació en 2012 a partir de la buena fortuna de una empresa panameña sin sede, teléfono o producto conocido, perteneciente a un venezolano también carente de trayectoria o currículum sugerente, con la excepción de ser primo de Diego Salazar, este a su vez primo de Rafael Ramírez, el antiguo zar del petróleo venezolano.
Fue el 14 de agosto de ese año cuando la compañía en cuestión recibió 55 millones de dólares girados a su cuenta bancaria corporativa en la Banca Privada de Andorra (BPA). Un gran mes, sin duda, pues diez días después recibió otros 880.000 dólares de parte del mismo cliente, la China Machinery Engineering Corporation (CAMC).
La empresa se llama Highland Assets Corp, y su beneficial owner, Luis Mariano Rodríguez Cabello.
Al cabo de ese año, Rodríguez Cabello -identificado esta semana en un reportaje como el sujeto de uno de los mayores casos de lavado de dinero en Wall Street- recibiría solo de ese cliente hasta 106 millones de dólares, según las pesquisas consignadas en la investigación del Tribunal Superior de Andorra sobre el capítulo venezolano del caso BPA. Las de agosto de 2012, aunque jugosas, son apenas un par de las decenas de transacciones identificadas de una tupida red de empresas de maletín a través de la cual Rodríguez Cabello y otros 27 venezolanos desviaron hasta 2.000 millones de dólares entre cobros de comisiones, sobornos y supuestas asesorías a empresas que buscaban -y a través de ellos, lograban, como la CAMC- ser contratistas de la otrora poderosa estatal petrolera Pdvsa.
Diego Salazar y su red en BPA transfirieron botín a Panamá luego de lograr desbloqueo de cuentas
A esas indagaciones en Andorra ahora se suman los hallazgos de los Pandora Papers, una masiva filtración de 11,9 millones de documentos financieros, recibida y procesada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ por sus siglas en inglés, con sede en Washington DC) y compartida con otros 150 medios de comunicación de 117 países -incluido Armando.info por Venezuela-, en la que participaron más de 600 periodistas.
Cientos de documentos contenidos en la filtración revelan que el bufete panameño Alemán, Cordero, Galindo & Lee (Alcogal), uno de los más importantes del país istmeño, fue en realidad, más que un mero prestador de servicios, un partícipe activo en la trama, principalmente para la creación de las empresas que una sucursal en Panamá de BPA, BPA Serveis, solicitaba abrir para asignarlas a los receptores de pagos irregulares. BPA Serveis, que hacía las veces de brazo captador de clientes en el continente americano, llegó a abrir en 2006 una oficina en Caracas, en una de las torres de oficinas del Centro Ciudad Comercial Tamanaco (CCCT) en Chuao, en el sureste de la capital venezolana.
Alcogal incorporó 29 de las 56 “sociedades instrumentales” que el Tribunal Superior de Andorra había logrado identificar, en el curso de sus diligencias, como integrantes de la red corrupta.
Pero los archivos de Pandora Papers arrojan luz sobre otras 22 sociedades de los funcionarios venezolanos envueltos en la trama y que, sin embargo, no se encuentran mencionadas en la investigación del tribunal andorrano. En suma: de las al menos 78 empresas conectadas a la red -entre las identificadas por el expediente en Andorra, y las que no estaban allí pero aparecen en los legajos filtrados del bufete panameño-, 51 fueron manejadas por Alcogal. Entre estas también se cuentan “fundaciones de carácter privado” que, a la postre, tuvieron cuentas bancarias que también formaron parte de la red.
La red de sobornos de PDVSA pagó en Andorra $30 millones a un directivo de la compañía
El expediente de la justicia andorrana destaca que “el entramado societario offshore creado por BPA Serveis no tiene otra finalidad que la ocultación, pues las diversas sociedades controladas (…) operan como un centro único de negocio, dedicado a la corrupción, efectuando los pagos desde una u otra [sic] sociedad, indistintamente, sin tener en cuenta la actividad a la que supuestamente se dedica cada una, o las obligaciones contractuales que hayan contraído, pues son meros contratos simulados, sin prestación real”.
Los documentos permiten comprobar que, apenas publicado en 2015 el informe de la Red de Control de Crímenes Financieros (FinCEN, equivalente a la unidad de inteligencia financiera del Departamento del Tesoro de Estados Unidos) que dio lugar a la intervención y posterior colapso de BPA y sus filiales, Alcogal renunció a ser agente residente y representante de 25 de estas estas sociedades. Pero, del mismo modo, mantuvo relaciones laxas y selectivas con otras, al menos por unos años más, lo que demoró su deslinde con clientes cuestionados como el exviceministro de Energía Eléctrica de Venezuela, Nervis Villalobos; Javier Alvarado Ochoa, también exviceministro de ese despacho y expresidente de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec), y Rodríguez Cabello, normalmente tenido como operador financiero de Diego Salazar, El señor de los relojes, principal intermediario de seguros de la petrolera Pdvsa durante la presidencia de su primo, Rafael Ramírez.
Alcogal precisa que su relación comercial con BPA empezó en 2007, “a raíz de una presentación realizada por el presidente de un reputado banco, que era cliente de Alcogal”. También detalla el bufete panameño, en una carta de respuesta a la solicitud de comentarios efectuada por el ICIJ para esta serie, que entonces “BPA gozaba de buena reputación. No teníamos ninguna razón para sospechar que BPA Andorra estuviera prestando servicios bancarios a algunos clientes dudosos”.
El bloqueo de la cuenta milmillonaria de Diego Salazar en BPA
En una exclusiva de CuentasClarasDigital.org, se confirmó que el 5 de diciembre de 2012, obedeciendo una orden de bloqueo judicial, el BPA congeló una de las cuentas del operador de los seguros y reaseguros de la estatal petrolera, Diego Salazar. La investigación se había iniciado en EEUU, conjuntamente entre el FBI, fiscales de Miami y Nueva York.
CuentasClarasDigital.org tuvo acceso a la Rogatoria que las autoridades judiciales de Andorra enviaron a la Fiscalía General de Venezuela en el año 2012, en la que la Batllia D´Andorra solicitaba “información al Ministerio Público venezolano sobre un grupo de personas y empresas bajo investigación en el Principado europeo por el delito de lavado de dinero y valores”.
La red de corrupción de funcionarios y empresarios que se estructuró en PDVSA es expuesta y analizada en el libro El Gran Saqueo: Quiénes y cómo se robaron el dinero de los venezolanos, de Carlos Tablante y Marcos Tarre, donde se le dedica un capítulo completo denominado Las revelaciones de Andorra.
