El crimen organizado y la corrupción en Venezuela se han convertido en un problema de Estado que no solo mantiene en constante peligro a la población venezolana, sino que sus efectos han traspasado fronteras, especialmente hacia países de América Latina.
Investigaciones sobre minería ilegal y corrupción ganadoras del Premio IPYS Venezuela 2020
Así lo reseña un informe de Transparencia Venezuela que abarca una visión nacional –complementaria al estudio de 2019 Crimen Organizado y Corrupción enfocado en aspectos fronterizos- y muestra el mapa de las organizaciones criminales, los tipos delitos, situación regional en varios estados, el papel de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), así como un análisis sobre el impacto diferenciado del crimen organizado y la corrupción con enfoque de género (mujer).
La dimensión y poder – nacional e internacional – de estas organizaciones identificadas en este estudio nos muestra las debilidades estructurales del Estado en Venezuela. El problema es de tales dimensiones que deben ejecutarse medidas de envergadura que permitan minimizar la acción criminal gestada durante unas dos décadas de impunidad.
Resolver esta situación llevará algún tiempo y requerirá de la colaboración activa de otros países como ha ocurrido en otras naciones del hemisferio. Por esta razón, en este estudio se propone un conjunto de iniciativas para combatir este mal que se ha apoderado de extensiones enormes de territorio, que cuenta con la complicidad y participación de funcionarios del Estado, algunas veces de alto nivel, y que es el germen de la violencia y la corrupción que tiene sumida a Venezuela en una de las peores crisis de su historia.
Los hallazgos más importantes de este nuevo estudio se pueden resumir de la siguiente manera:
• Se identifican al menos 9 bloques de crimen organizado en Venezuela, en los que participan más de 13,000 organizaciones delictivas que, en algunos casos, presentan vínculos con el poder político y funcionarios públicos.
• Los hechos delictivos y actos de corrupción gozan de una impunidad total.
• La falta de instituciones públicas sólidas, el desmantelamiento de algunas de ellas, así como la existencia de incentivos que se derivan de algunas políticas públicas -como los controles y el subsidio a la gasolina- son un caldo de cultivo para la ejecución de fechorías, crímenes, violación de derechos humanos y el robo de los fondos públicos.
• Los migrantes venezolanos dada su situación de vulnerabilidad son víctimas de las
acciones de grupos irregulares.
CIDH muestra preocupación ante situación precaria de migrantes y refugiados venezolanos
• La violencia institucionalizada, la colonización de la administración pública y la incorporación de integrantes de la FANB a la cúpula económica del país se han instaurado en Venezuela como prácticas del modelo político definido como “Estado Cuartel”.
• Los efectos del crimen organizado y la corrupción presentan características y agravantes específicos en las mujeres en Venezuela.
