El presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, ha anunciado la puesta en marcha de una reforma del sistema penitenciario que busca reducir el hacinamiento en las cárceles del país, entre otras medidas. Así lo informó Europa Press.
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Las medidas incluyen la construcción de una cárcel de máxima seguridad, la creación de “granjas de rehabilitación” y la implementación de las pulseras electrónicas. Tal y como ha señalado el dirigente, la prisión de máxima seguridad albergará a unos 200 reos, los “más peligrosos” del sistema penitenciario, que permanecerán alejados de poblaciones urbanas.
“Vamos avanzando en el tema y vamos a ampliar la información de lo que se va a hacer en las próximas semanas”, ha manifestado Giammattei, que ha indicado que se empezará por “las granjas, donde serán trasladados aquellos que reúnan el perfil conforme a la Ley del Sistema Penitenciario“.
Asimismo, ha informado que se llevará a cabo la construcción de una prisión con capacidad de 2.000 personas aproximadamente.
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La Dirección General del Sistema Penitenciario de Guatemala estima que la cifra de presos cuadruplica la capacidad de la infraestructura existente en el país. Guatemala posee 21 centros de detención en los que 25.500 hombres y mujeres permanecen recluidos.
Acuerdo migratorio con EEUU
El presidente tiene previsto reunirse con el jefe interino de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Chad Wolf, para abordar el acuerdo migratorio según el cual el país centroamericano se convierte en el tercer país seguro y acogerá a migrantes principalmente hondureños y salvadoreños mientras se resuelven sus trámites en el estado norteamericano.
El documento en cuestión establece, además, que tanto Estados Unidos como Guatemala podrán “intercambiar información cuando sea necesario con sujeción a las leyes y reglamentación nacionales”.
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El artículo 3 de este acuerdo informa que “Guatemala no retornará ni expulsará a solicitantes de protección en su país, al menos que el solicitante abandone la solicitud o que esta sea denegada” y especifica que durante el proceso del traslado, las personas sujetas a este acuerdo “serán responsabilidad de Estados Unidos“.
