La Fiscalía está investigando las operaciones de una agencia de gestación subrogada (vientres de alquiler) ucraniana, a través de una filial en España, tras la denuncia del Gobierno por indicios de delitos.
Fuentes señalan que “la agencia obliga a las gestantes a firmar un contrato con cláusulas abusivas”, acuerdo que es aceptado por la necesidad económica, y que consiste en que gran parte del dinero de los clientes quede en manos de la propia empresa.
El Ministerio de Justicia habría emitido un comunicado este lunes en el que instaba a investigar a las compañías de vientres de alquiler en España: “El Gobierno recuerda que la gestación por vientres de alquiler es una práctica prohibida por la legislación española y que las agencias que ofrecen estos servicios en nuestro país se lucran mediante esta actividad ilegal que realizan en terceros países…Otras circunstancias que tiene en cuenta el Ejecutivo son la posibilidad de que en esos terceros países se vulneren los derechos de las mujeres gestantes y que, en ocasiones, se hagan pasar por hijos a niños nacidos sin relación genética alguna con las parejas”.
La Fiscalía indica que en Ucrania ya se ha abierto una investigación contra esta empresa, cuyo nombre aún no se ha hecho público. A diferencia de España, en ese país la gestación subrogada es legal, pero la agencia denunciada ha arrojado una serie de indicios que podrían apuntar a “delitos de tráfico de personas, falsificación de documentos, transferencia ilegal de personas a través de frontera estatal y evasión fiscal”.
La ministra española de Justicia, Dolores Delgado, señaló que “es un tema muy, muy grave”, y lamentó que haya agencias que estén “negociando con el vientre de las mujeres y traficando con menores”.
