CCD | El giro en la estrategia legal de la petrolera estatal Pdvsa de pedir una compensación dentro de un juicio en Estados Unidos por una trama de sobornos millonarios, ejecutada por dos empresarios venezolanos, es difícil que le sea favorable y más bien podría jugarle en contra.
En un caso que sacudió a la industria petrolera del país suramericano, Roberto Rincón (en la gráfica) y Abraham Shiera fueron arrestados el año pasado en Estados Unidos acusados de violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA por su sigla en inglés).
Ambos se declararon culpables de sobornar a funcionarios de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) para ganar jugosos contratos y serán sentenciados en junio.
El caso que involucra unos 1.000 millones de dólares es parte de una investigación más amplia del Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) sobre corrupción en Pdvsa.
El gobierno de Venezuela en un principio criticó el juicio y lo consideró parte de una campaña de desprestigio en su contra impulsada por Washington, al que tilda de ser su enemigo ideológico.
En un cambio de rumbo, Pdvsa dijo en julio que fue “víctima de un fraude” y su brazo de adquisiciones internacionales, Bariven, solicitó el mes pasado ante un tribunal estadounidense que Rincón y Shiera paguen una indemnización por pérdidas que ascienden a 600 millones de dólares.
Pero la nueva estrategia legal de Pdvsa es muy probable que fracase, según expertos familiarizados con el caso.
Bajo la FCPA, el dinero recaudado por multas y penalidades se transfiere a la Tesorería estadounidense y es poco común que se destine al pago de compensaciones. También influirían las acusaciones de corrupción endémica en Pdvsa, según los expertos.
¿Contraproducente?
Si bien la petrolera venezolana pueda tener razones para defenderse y buscar una indemnización, la moción podría tornarse contraproducente puesto que existe la posibilidad de que sea considerada co-conspiradora, advirtieron los expertos.
El Departamento de Justicia probablemente tendrá que responder a Pdvsa, potencialmente haciendo revelaciones sobre supuestas malversaciones.
“Es posible que esto se vuelva contra Pdvsa”, observó Mike Koehler, un académico de la Universidad de Southern Illinois y experto en la FCPA.
Los funcionarios extranjeros que aceptan sobornos no son procesados bajo la FCPA, pero pueden serlo por lavado de dinero, como le ocurrió a tres ex empleados de nivel medio de Pdvsa por este mismo caso.
“El mayor riesgo es para los funcionarios de más alto nivel, una vez que le sigan el rastro a los pagos de sobornos, y sus cuentas bancarias puedan ser congeladas”, dijo Andrew Spalding, profesor asistente de derecho en la Universidad de Richmond.
El Departamento de Justicia está en la búsqueda de ese dinero y en octubre unos 51 millones de dólares depositados en cuentas bancarias en Suiza, vinculadas a Rincón y Shiera, fueron transferidos a Estados Unidos.
Los expertos legales destacaron que también se les puede ofrecer a los acusados una reducción de la pena si aceptan cooperar con la investigación ampliada sobre Pdvsa.
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