Este jueves, durante la Sesión Ordinaria, resultó sancionado el Proyecto de Ley de Reforma del Decreto No. 2.179 con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial de la Ley del Banco Central de Venezuela.
Al comenzar el debate el diputado Rafael Guzmán (Unidad-Miranda) recordó que el pasado 30 de diciembre de 2015, bajo los efectos de un despecho por los resultados del 6 de diciembre, el presidente Nicolás Maduro, vía Habilitante, cambió el contenido de la Ley del BCV con el objeto de darle piso jurídico a lo que ya venía sucediendo con el instituto emisor del país, es decir, restarle autonomía.
Guzmán agregó que en la actualidad Venezuela presenta el mayor índice de inflación, gracias, entre otras cosas, a las equivocadas políticas monetarias que ha establecido el Banco Central de Venezuela.
Aseguró, tal como lo hicieron el resto de sus colegas del Bloque de la Unidad, que la propuesta de reforma planteada ahora por la Comisión de Finanzas de la AN busca que este Parlamento, por mandato constitucional, retome la facultad de regular y nombrar al directorio del BCV.
Guzmán añadió será la asamblea al entrar en vigencia esta reforma la que apruebe, califique y evalúe quién será el presidente del BCV.
Al solicitar la palabra el diputado Ricardo Sanguino (GPP-Táchira) repudió la propuesta hecha por la bancada opositora al tiempo que aseguró que dicha Reforma de Ley del BCV deja en manos del sector financiero privado la política monetaria del país.
Entre tanto, el diputado Alfonso Marquina (Unidad-Lara), presidente de la Comisión Permanente de Finanzas del Parlamento, destacó que la mencionada reforma busca restituir lo contemplado en la Constitución Nacional.
“La disposición No. 4 de la Carta Magna establece el nombramiento del directorio del BCV y fue precisamente el Gobierno nacional quien la violó pretendiendo así subordinar al ente emisor”, dijo Marquina.
Marquina reiteró que con la aprobación de este instrumento están restableciendo el texto constitucional para darle a Venezuela un banco emisor que cumpla con sus obligaciones.
“La idea es que no se mantenga esa política de impunidad que ha impuesto el Gobierno Nacional”, advirtió Marquina no sin antes destacar que los diputados del PSUV se niegan a respaldar esta propuesta para seguir permitiendo que unos funcionarios que no le han cumplido al país ni a la Constitución puedan seguir actuando con absoluta impunidad.
