El responsable de las cuentas de Diego Salazar y otros “empresarios venezolanos” en Banca Privada de Andorra (BPA), admitió haber viajado a Paris en 2012 para reunirse con Diego Salazar – operador de los seguros de Pdvsa, primo de Rafael Ramírez presidente de la petrolera – y su abogado el ex primer ministro francés Dominique de Villepin para “explicar la posición del banco con relación al bloqueo que ordenara la unidad de inteligencia financiera sobre las cuentas de Salazar”.
Pablo Laplana, subdirector general de negocio internacional de BPA – separado de su cargo por los interventores y bajo investigación de las autoridades por lavado de dinero- concedió una entrevista a la cadena SER-Andorra en la que no sólo se defendió a sí mismo y a sus clientes sino que también atacó a bancos, autoridades financieras de Andorra e inclusive al Departamento del Tesoro de EEUU, al que acusó de “manejar información incompleta y sesgada”.
Laplana considera que sus clientes venezolanos “llevaban una actividad comercial lícita…dentro del marco legal andorrano”.
Como se sabe, BPA fue intervenido por una investigación de legitimación de capitales a raíz de la denuncia de la unidad de inteligencia financiera de EEUU (FinCen) en marzo. La misma señala al tercer banco de Andorra como “una seria amenaza de lavado de dinero “ por haberse detectado cuentas de la delincuencia organizada china, rusa y grandes cantidades de dinero “relacionadas con la corrupción en Pdvsa”.
El informe de Fincen señala que se habrían lavado millones de dolares a través de empresas ficticias, falsos contratos y productos financieros complejos, provenientes de negociados relacionados con tramas de corrupción en Pdvsa. EEUU acusó a BPA de facilitar el movimiento de aproximadamente 2.000 millones de dólares a través de estas empresas pantalla registradas en Panamá.
Laplana reconoce que “el caso venezolano es el que mejor conoce” y admitió haber viajado a Paris en 2012 para reunirse “con Diego Salazar , otras personas y su abogado Dominique de Villepin”.
La guardia civil española había intervenido el teléfono de Laplana en el marco de la investigación sobre otro de sus clientes, Andrei Petrov, considerado por las autoridades como uno de los jefes de la mafia rusa en España. En su momento, también quedaron grabadas las conversaciones con los asistentes y abogados de Diego Salazar sobre la estrategia para desbloquear los 200 millones de dólares de Salazar. En una de ellas, Laplana le solicita a Villepin que trate de influir en los jueces del tribunal penal de Andorra (Tribunal de Corts) para que “ no mirasen ese tema desde una perspectiva internacional, sino desde un enfoque andorrano…para que estuviesen avisados de que les iba a llegar un recurso de Diego (Salazar) y que lo tratasen con cariño…”, cuestión que Laplana reconoce en la entrevista en SER pero matizando que “lo que se quería era transmitirles la falta de fundamento de las acusaciones de la UIF de Andorra”. Laplana acusa a los jueces de no haber analizado el caso “con el cuidado adecuado” desde un principio.
Un banquero con clientes peligrosos
Además de Gao Pin, responsable de la mafia china en España, de Andrei Petrov, Diego Salazar y “otros empresarios venezolanos” no especificados, Pablo Laplana tuvo en su cartera de clientes al ex comisario Norman Danilo Puerta Valera, responsable de la Unidad Antidrogas del CICPC, detenido en Andorra con una cuenta de 1,4 millones de dólares e investigado por lavado de dinero en 2006. En el proceso judicial, el banquero tuvo que declarar ante las autoridades. Laplana convenció a la jueza que llevaba el caso que en BPA desconocían el real pasado laboral de Puerta Valera quien había informado ser “ganadero”.
“Las bases de datos a las que teníamos acceso en el banco nos daban resultados negativos”, dijo Laplana, en referencia a que Puerta Valera no figuraba en listas de organismos policiales como Interpol , FBI, etc. “, obviando que una simple búsqueda en Internet hubiera develado la condición de Pep (persona expuesta políticamente) del ex alto funcionario policial venezolano, lo que lo convertía en un cliente de alto riesgo sobre el que debían tomarse medidas especiales de supervisión. Finalmente, fue el mismo banco el que tuvo que reportar las operaciones sospechosas de Puerta a la UIF, por no haber justificado el origen de fondos de varias transacciones.
Las malas prácticas de Banca Privada de Andorra fueron objeto de críticas por parte de otros banqueros del Principado como el presidente de ABA, Xavier Cornella y el vice presidente de Andbanc, Oriol Ribas, quienes acusaron a BPA de tener “criterios morales menores que los otros bancos de Andorra”, calificando al banco intervenido de ser la “oveja negra” del sistema bancario del Principado.
Por el caso están detenidos el consejero delegado Joan Pau Miquel Prats y dos empleados más.
