La familia del banquero venezolano Julio Herrera Velutini acordó un contrato valorado en más de 50 millones de dólares con Alina Habba, exabogada personal del presidente Donald Trump y antigua funcionaria del Departamento de Justicia de Estados Unidos, mientras el empresario buscaba obtener un indulto presidencial. La operación, revelada por The New York Times en una investigación publicada el 20 de octubre, se concretó meses después de que Herrera Velutini alcanzara un acuerdo judicial por un caso de corrupción en Puerto Rico y semanas antes de que Trump le concediera el perdón total.
De acuerdo con documentos y testimonios obtenidos por el periódico estadounidense, el contrato establecía una remuneración de 10 millones de dólares anuales durante cuatro años, además de bonificaciones que elevaban la compensación garantizada por encima de los 50 millones de dólares. Habba asumiría el cargo de asesora jurídica principal de Concord Partners, una empresa constituida en Florida a finales de octubre de 2025 por Isabela Herrera, hija del banquero. La compañía carece de un perfil público definido y sus actividades comerciales resultan poco claras incluso para personas vinculadas al grupo empresarial de la familia Herrera.
El acuerdo se formalizó pocos días después de la creación de Concord Partners, cuando Habba todavía ocupaba un cargo en la Fiscalía Federal de Nueva Jersey y mantenía vínculos con el Departamento de Justicia. Posteriormente, ejerció funciones como asesora de la fiscal general Pam Bondi, con responsabilidades relacionadas con la supervisión de fiscales federales. La abogada comenzó oficialmente a trabajar para Concord Partners el 1 de enero de 2026 y, el 15 de enero, Trump concedió un indulto presidencial a Herrera Velutini. La proximidad entre ambas decisiones constituye uno de los principales elementos examinados por la investigación periodística.
El banquero venezolano había sido acusado en agosto de 2022 de participar en un esquema de sobornos destinado a conseguir la destitución de un regulador financiero que investigaba su banco en Puerto Rico. El expediente involucraba también a la exgobernadora Wanda Vázquez Garced y a un antiguo agente del FBI. En agosto de 2025, Herrera Velutini alcanzó un acuerdo con el Departamento de Justicia mediante el cual los cargos graves fueron sustituidos por una infracción menor relacionada con el financiamiento electoral, de la que se declaró culpable. Su abogado, Christopher Kise, quien también había representado a Trump, participó en las negociaciones judiciales y en las gestiones posteriores para obtener el indulto.
La investigación también documenta que Isabela Herrera aportó 3,5 millones de dólares a un comité de acción política vinculado a Trump mientras su padre buscaba el perdón presidencial. Sin embargo, pese a estas contribuciones y a las gestiones realizadas por sus representantes legales, el indulto no se había concretado cuando la familia decidió contratar a Habba. Personas familiarizadas con el acuerdo señalaron al periódico que consideraban que la incorporación de la abogada podía estar relacionada con los esfuerzos para obtener el perdón presidencial, aunque esa interpretación no demuestra que existiera una contraprestación por la decisión de Trump.
Habba rechazó cualquier participación en la obtención del indulto y aseguró que su relación laboral con Concord Partners había sido comunicada y revisada por el Departamento de Justicia. La Casa Blanca también negó que la contratación influyera en la decisión presidencial, mientras que el Departamento de Justicia afirmó que la abogada no mantuvo conversaciones sobre el perdón. La investigación no establece que Habba consiguiera el indulto a cambio del contrato millonario.
Las nuevas revelaciones se suman a una investigación anterior de The New York Times, publicada el 15 de octubre y reseñada por Cuentas Claras Digital bajo el título «Aliados de Trump se enfrentan por los negocios en Venezuela: una disputa por contratos millonarios llega a la Casa Blanca». Aquel reportaje expuso el enfrentamiento entre Alina Habba y Richard Grenell, exenviado especial estadounidense para Venezuela, por intereses empresariales relacionados con el país, así como los vínculos de Turhan Mildon, esposo de Habba, con contratos del sector cementero venezolano y con Alex Saab, empresario relacionado con las operaciones comerciales del régimen de Nicolás Maduro.
En esa investigación, el periódico también documentó una transferencia de 17,6 millones de dólares realizada por Mildon a una empresa estadounidense de equipos de defensa y seguridad. Según los señalamientos presentados por Habba ante Trump, parte de esos recursos debía destinarse al Kennedy Center, institución que no recibió los fondos. Grenell rechazó las acusaciones y la controversia llegó a la Casa Blanca, donde se ordenó revisar las operaciones. Este episodio constituye un caso distinto al del contrato con la familia Herrera Velutini, aunque ambos involucran a Habba y sus relaciones con empresarios y figuras cercanas a la administración estadounidense.
La nueva investigación de The New York Times incorpora así otro capítulo al escrutinio de las relaciones entre grandes fortunas venezolanas, representantes legales con acceso al poder político estadounidense y decisiones presidenciales de clemencia. El contrato superior a 50 millones de dólares, los aportes políticos de la familia Herrera y la secuencia de acontecimientos que culminó con el indulto plantean interrogantes sobre la transparencia de estos procedimientos y los mecanismos de influencia alrededor de la Casa Blanca.
