Venezuela tiene serios problemas para abastecerse de productos básicos. Alimentos como el arroz, el azúcar y el grano escasean en sus supermercados. Falta hasta el papel higiénico. Y mientras su población pasa apuros, el gobierno de Nicolás Maduro pagó el aceite de oliva al doble de su precio de mercado. Una operación millonaria y sin lógica comercial que tiene un único beneficiario: la cooperativa agraria de Marinaleda, el pueblo andaluz gobernado desde hace años por el líder sindical Juan Manuel Sánchez Gordillo, informó Interviu
El acuerdo fue rubricado el 14 de enero de 2013 en Caracas; meses después de que el ex alcalde de Marilaneda –gobernó el pueblo con mayoría absoluta durante 35 años– visitara Venezuela invitado por el gobierno de Nicolás Maduro para impartir charlas sobre el proyecto anti-capitalista desarrollado en la localidad andaluza.
El contrato de abastecimiento de aceite está rubricado por Carlos Alberto Osorio Zambrano, uno de los hombres fuertes de Nicolás Maduro y actual ministro de Presidencia. El entonces ministro de Alimentación se compromete por escrito a comprar hasta 12.000 toneladas métricas de aceite a un precio de 6.504 euros por tonelada. En total, el encargo, que se estructuró en distintas fases, se rubrica por una cuantía máxima de 81 millones de euros. En ese momento y según las bases de datos de referencia para mayoristas, el precio del aceite de oliva era de 2.988 euros por tonelada. Menos de la mitad de lo que pagó Venezuela. Durante la vigencia del contrato –todo el ejercicio 2013– el aceite de mayor calidad llegó a estar a 2.000 euros por tonelada. Incluso con envío y un beneficio industrial del 15 por ciento (superior a la media del sector), el precio ni siquiera se acerca a lo abonado por el gobierno latinoamericano.
Como firmantes del contrato por parte de la cooperativa andaluza aparecen dos personas: Antonio Aires, concejal de Izquiera Unida en Marinaleda y gerente de la cooperativa, y un ciudadano venezolano; un responsable de la radio pública YVKE Mundial, la misma empresa que pagó unos meses antes y según su propia versión, el polémico viaje de Sánchez Gordillo a Venezuela para explicar la naturaleza de su utopía.
El acuerdo, con el número de registro 19-00029555, fue elevado a público el 16 de enero por el notario venezolano Andrés Bello. Suponía, por un lado, un negocio ruinoso para el pueblo venezolano, que ante la falta de alimentos ha puesto incluso a disposición de los ciudadanos una línea directa para denunciar las especulaciones. Y por otro, un suculento negocio para Marinaleda; un soplo de aire fresco para su maltrecha economía. Según publicó el diario ABC, las cooperativas agrarias, principal motor económico del pueblo y de la que dependen –según sus propios datos– 400 empleos eventuales, pasaban serios apuros económicos. Cuando llegó el dinero venezolano, Hacienda amenazaba con embargarles parte de sus cuentas por impagos con Endesa y la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, a la que adeudaban 800.000 euros en derechos de riego. Según las cuentas de Marinaleda S C A, la entidad pasó de tener 57 trabajadores fijos contratados en 2010 a tan solo once cuando el gobierno de Maduro compró su aceite.
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