El sistema financiero paraguayo enfrenta una crisis tras la intervención de Ueno Bank, una de las principales entidades bancarias digitales del país, con aproximadamente tres millones de clientes. El Banco Central del Paraguay (BCP) dispuso el inicio de su procedimiento de resolución el 2 de noviembre de 2026, luego de constatar que su índice de solvencia había caído por debajo del 50 % del mínimo legal exigido. La decisión provocó la suspensión de sus operaciones, el cierre de sucursales y la apertura de investigaciones sobre posibles irregularidades financieras.
La gravedad del caso trasciende los depósitos particulares. Ueno Bank administraba aproximadamente 850 millones de dólares en recursos públicos, incluidos fondos de organismos estatales y del Instituto de Previsión Social (IPS). Este último mantenía inversiones por unos 355 millones de dólares en la entidad, equivalentes a aproximadamente el 9 % de su cartera de inversiones, mientras que el banco gestionaba los pagos de pensiones de unos 32.000 jubilados. La situación generó preocupación sobre la protección del patrimonio previsional y la continuidad de los servicios financieros utilizados por trabajadores y beneficiarios del Estado.
El banco pertenece al Grupo Vázquez, conglomerado empresarial presidido por Federico Miguel Vázquez, que mantuvo vínculos comerciales con el actual presidente paraguayo, Santiago Peña, hasta marzo de 2025. A estas conexiones se suma que Carlos Carvallo, quien presidía el Banco Central, había dirigido Ueno Bank hasta agosto de 2023. Carvallo presentó su renuncia a petición de Peña después de conocerse la intervención. Estos antecedentes han intensificado los cuestionamientos sobre la independencia de la supervisión bancaria y el tratamiento regulatorio recibido por una institución estrechamente relacionada con figuras del poder político.
Las investigaciones financieras habían comenzado antes de la intervención. Informes de supervisión señalaron presuntas operaciones de crédito a empresas relacionadas con el Grupo Vázquez, algunas de ellas bajo condiciones preferenciales y sin garantías reales suficientes. Una investigación basada en documentación bancaria identificó operaciones por aproximadamente 146 millones de dólares canalizadas hacia tres compañías vinculadas durante siete meses, una exposición equivalente al 35 % del patrimonio efectivo de la entidad y superior a los límites legales aplicables. Pese a estas observaciones, el banco continuó captando recursos estatales: entre enero y septiembre de 2026, el incremento acumulado de fondos públicos y previsionales depositados en Ueno superó los 206 millones de dólares.
La crisis también llegó al ámbito judicial. El Ministerio Público inició actuaciones contra directivos y personas relacionadas con la entidad por posibles delitos financieros, mientras las autoridades dispusieron medidas patrimoniales para preservar activos. Paralelamente, el Congreso comenzó a tramitar mecanismos extraordinarios para acelerar la devolución de depósitos. El Fondo de Garantía de Depósitos contempla una cobertura de hasta 228,3 millones de guaraníes por depositante, aunque la recuperación de recursos que excedan ese límite dependerá del desarrollo del procedimiento de resolución.
El Instituto de Previsión Social aseguró que los pagos ordinarios de jubilaciones y pensiones continuarán conforme al cronograma previsto, al señalar que estos desembolsos provienen de aportes obrero-patronales y no directamente de las inversiones financieras comprometidas. Sin embargo, la magnitud de los recursos públicos colocados en Ueno Bank y las advertencias previas sobre sus operaciones con empresas relacionadas mantienen abiertas interrogantes sobre los controles ejercidos por las autoridades, la concentración de fondos estatales en una entidad privada y las eventuales responsabilidades de sus administradores y supervisores.
