El primer millón de barriles de petróleo venezolano correspondiente al acuerdo entre Estados Unidos y North American Blue Energy Partners (NABEP), empresa dirigida por Alejandro Betancourt López, llegó el 27 de octubre al puerto de Corpus Christi, Texas, a bordo de dos buques petroleros. El cargamento será comercializado por el Gobierno estadounidense a refinerías operadas por ExxonMobil y Citgo. Sin embargo, la operación ha generado versiones contradictorias sobre sus condiciones económicas: mientras el presidente Donald Trump aseguró que Venezuela entregó gratuitamente el petróleo, otras informaciones señalan que el envío forma parte de una compra realizada bajo condiciones preferenciales.
Durante su visita a Texas, acompañado por el secretario de Estado, Marco Rubio, Trump presentó el cargamento como un regalo de Venezuela a Estados Unidos. La Casa Blanca sostuvo que el petróleo había llegado sin costo para los contribuyentes estadounidenses. No obstante, dos personas familiarizadas con la operación señalaron que el millón de barriles no constituye una donación, sino una compra vinculada al acuerdo petrolero de agosto, que contempla un precio de 30 dólares por barril para el 20 % de la producción de NABEP reservado a Washington. Ese precio corresponde al mecanismo preferencial del acuerdo y no permite establecer cuánto se pagó efectivamente por este primer cargamento.
La contradicción también quedó reflejada en las comunicaciones de NABEP. La empresa modificó su comunicado inicial, que vinculaba el cargamento al mecanismo de compra preferencial establecido en el acuerdo, para señalar posteriormente que la primera entrega se realizó sin costo para los contribuyentes estadounidenses. La nueva versión no aclara cómo se contabilizó la operación, quién asumió el costo del petróleo ni si la entrega tendrá algún efecto sobre las obligaciones comerciales y fiscales de la compañía en Venezuela.
¿Quién Cobrará por el Petróleo Venezolano?
La principal interrogante está relacionada con el destino de los ingresos que genere la comercialización del cargamento. Aunque el Gobierno estadounidense anunció que venderá el petróleo a refinerías de ExxonMobil y Citgo, no se han divulgado los contratos de compraventa, las facturas ni los documentos de liquidación que permitan establecer el precio final, identificar a los beneficiarios de la operación y determinar cuánto dinero recibirá efectivamente Venezuela.
La diferencia entre recibir petróleo gratuitamente y adquirirlo bajo condiciones preferenciales resulta especialmente relevante porque el crudo procede de campos venezolanos sujetos a obligaciones contractuales y fiscales. Si se aplicara el precio de 30 dólares por barril mencionado en las informaciones sobre el acuerdo, el millón de barriles tendría un valor de referencia de 30 millones de dólares. Sin embargo, esa cifra es únicamente ilustrativa y no constituye una confirmación del monto efectivamente pagado ni de los ingresos que corresponderían al Estado venezolano.
El gobierno interino de Delcy Rodríguez ha sostenido que Venezuela conserva el control y la propiedad de sus recursos petroleros. Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, también ha defendido públicamente que el Estado mantiene el control sobre los ingresos procedentes de las ventas internacionales de petróleo. Estas declaraciones, sin embargo, no han estado acompañadas de documentación comercial que permita comprobar cómo se distribuirán los recursos generados por esta primera operación de NABEP.
La falta de información adquiere mayor relevancia frente a los cuestionamientos sobre las condiciones del acuerdo petrolero anunciado en agosto. Una investigación publicada el 20 de octubre examinó las ventajas concedidas a Estados Unidos y a los socios privados de NABEP, así como la ausencia de garantías contractuales expresas sobre los aproximadamente 200.000 millones de dólares en ingresos fiscales y regalías anunciados como beneficio para Venezuela durante los próximos 25 años.
Un Acuerdo Petrolero Bajo Creciente Escrutinio
El pacto entre Washington y NABEP contempla derechos para que Estados Unidos adquiera una participación del 35 % en la sociedad matriz de la compañía, registrada en Barbados, además de acceso preferencial al 20 % de su producción petrolera a precio de costo y prioridad para adquirir el resto del crudo durante cincuenta años. La ejecución de la participación accionarial estadounidense está sujeta a condiciones adicionales cuyo cumplimiento no ha sido acreditado públicamente. La empresa obtuvo derechos sobre 17 campos venezolanos, incluidos 14 adicionales a los tres que ya operaba, mediante adjudicaciones realizadas sin un proceso competitivo.
NABEP informó que su producción alcanzó 223.509 barriles equivalentes de petróleo diarios el pasado 19 de octubre y aseguró haber invertido aproximadamente 1.000 millones de dólares de recursos propios en la recuperación de campos petroleros venezolanos. Estas cifras corresponden a declaraciones de la compañía y no cuentan con estados financieros auditados disponibles públicamente.
Alejandro Betancourt celebró la llegada del primer cargamento y anunció que será seguido por numerosos envíos similares, presentando a Venezuela como un proveedor energético confiable para Estados Unidos.
Sin embargo, la continuidad del negocio podría enfrentar nuevas incertidumbres políticas. El regreso de María Corina Machado a Venezuela ha reabierto el debate sobre los contratos petroleros adjudicados durante el gobierno interino de Delcy Rodríguez y la posibilidad de que sean sometidos a revisión en una eventual transición política.
El economista Francisco Rodríguez identificó el acuerdo con NABEP como uno de los casos que podrían enfrentar un mayor escrutinio. Por su parte, el especialista petrolero Francisco Monaldi advirtió que los contratos más recientes, especialmente aquellos cuya adjudicación carezca de suficiente transparencia, podrían enfrentar cuestionamientos sobre su legitimidad y condiciones económicas.
Machado ha criticado públicamente los antecedentes empresariales de Betancourt y ha expresado reservas sobre su participación en futuros negocios con el Estado venezolano. NABEP respondió que no es una organización política y que sus actividades están orientadas al incremento de la producción petrolera.
Marco Rubio defendió el 26 de octubre la estructura del acuerdo y sostuvo que la asociación con Estados Unidos proporciona a NABEP las condiciones de seguridad necesarias para atraer inversiones privadas mientras avanza el proceso de transición política. Hasta ahora, los cuestionamientos públicos no se han traducido en una decisión formal de revisar, suspender o anular los contratos de la compañía.
La llegada del primer millón de barriles a Texas marca el inicio de la ejecución comercial del acuerdo entre Washington y NABEP, pero deja sin resolver una cuestión fundamental sobre el manejo de los recursos petroleros venezolanos.
Si Estados Unidos recibió gratuitamente el cargamento y posteriormente lo venderá a ExxonMobil y Citgo, ¿quién asumió el costo de ese petróleo, quién cobrará por su comercialización y cuánto dinero ingresará efectivamente a Venezuela?
La publicación de los contratos comerciales, las facturas y los registros de liquidación de esta primera operación será determinante para esclarecer las condiciones económicas de un acuerdo presentado como beneficioso para ambos países, pero cuyos mecanismos de pago y distribución de ingresos todavía no han sido divulgados públicamente.
