Cinco buques petroleros, más de ocho millones de barriles de crudo venezolano y casi 470 millones de dólares facturados en un solo año. Ese fue el volumen del negocio que Shandong Mingshuo Energy Trading, empresa vinculada a Jorge Giménez, mantuvo con Petróleos de Venezuela (PDVSA) durante 2024.
Pero detrás de esas operaciones aparece un problema mucho más grave: de los 469,5 millones de dólares facturados, apenas 123,9 millones figuran como recibidos a través del Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (BANDES). Fuentes conocedoras de las operaciones confirman que las facturas acumularon saldos impagados.
La investigación revela además diferencias entre las cantidades de petróleo cargadas en los buques y las registradas comercialmente por PDVSA, así como un cambio llamativo en la facturación: las cuentas bancarias a las que debía enviarse el dinero dejaron de aparecer identificadas.
No son hechos aislados. Las operaciones de Shandong forman parte de una red de negocios petroleros vinculados a Giménez que se expandió después del escándalo PDVSA-Cripto, bajo la protección política que recibió de Delcy Rodríguez.
La primera entrega de esta investigación reveló cómo las empresas relacionadas con Giménez recibieron cargamentos de petróleo venezolano por cientos de millones de dólares, obtuvieron condiciones comerciales privilegiadas y acumularon deudas sin que se interrumpieran los despachos. Esta segunda entrega reconstruye las operaciones de Shandong y añade nuevos elementos sobre el destino del petróleo y los mecanismos de cobro.
Cinco buques y miles de barriles que no cuadran
Durante 2024, Shandong recibió cinco cargamentos de crudo Merey 16 transportados por los buques HELIOS, TITAN GLORY, URANUS, DS VECTOR y HEBEI MOUNTAIN, con destinos declarados en China y Singapur.
Los registros del Servicio Autónomo de Metrología de Hidrocarburos (SAMH), organismo encargado de fiscalizar las cantidades de petróleo movilizadas, contabilizaron 8.438.253 barriles.
Sin embargo, en las facturas de PDVSA solo aparecen 8.212.157 barriles.
La diferencia es de 226.096 barriles de petróleo, una cantidad que no encuentra correspondencia entre ambos registros.
Esta discrepancia plantea interrogantes sobre la conciliación entre los cargamentos efectivamente fiscalizados y las cantidades contabilizadas para su comercialización.
El problema adquiere mayor dimensión cuando se revisan los ingresos correspondientes a esas ventas.
La deuda millonaria de Shandong
PDVSA facturó a Shandong US$469.553.442,64 durante 2024. Sin embargo, los registros financieros analizados identifican ingresos a través de BANDES por US$123.907.894,79.
La diferencia asciende a 345,6 millones de dólares, casi tres cuartas partes de la facturación.
Fuentes internas conocedoras de estas operaciones sostienen que Shandong no ha pagado estas obligaciones.
La diferencia entre la facturación y los ingresos identificados en BANDES permite dimensionar el problema.
Lo ocurrido con uno de los cargamentos ilustra cómo funcionaba el negocio de Jorge Giménez.
HELIOS, otra deuda más
El 13 de enero de 2024, el buque HELIOS transportó 1.880.626 barriles de crudo Merey 16 hacia Ningbo, China.
PDVSA facturó la operación por US$118.380.140,95, bajo el contrato número 37020299. Sin embargo, solo aparece identificado un ingreso de 50 millones de dólares a través de BANDES.
Los otros 68,38 millones no tienen un pago correspondiente identificado en ese registro.
El caso muestra cómo Giménez, a través de una de las empresas vinculadas a su estructura comercial, accedía a cargamentos de enorme valor mientras se acumulaban obligaciones pendientes de cobro.
La continuidad de los despachos, pese a los incumplimientos señalados por las fuentes, plantea otra cuestión: ¿por qué PDVSA mantuvo relaciones comerciales con empresas que no habían cancelado sus operaciones anteriores?
Facturas sin banco: un cambio que facilitaba la opacidad
Antes de marzo de 2023 (PDVSA-Cripto), las facturas correspondientes a operaciones con empresas como Panglobal Energy y Ripple Oil Trading, también relacionadas con Giménez, identificaban expresamente el banco receptor de los pagos.
En ellas figuraba Evrofinance Mosnarbank, con sede en Moscú, como entidad bancaria designada para recibir el dinero.
Así ocurrió con dos cargamentos transportados por los buques NEW DIAMOND y ALISA II, facturados a Ripple Oil Trading por 94,4 y 91,1 millones de euros, respectivamente.
Sin embargo, las facturas de Shandong correspondientes a 2024 y 2025 presentan una diferencia fundamental: los campos destinados al banco receptor, el código SWIFT y el número de cuenta aparecen vacíos.
En lugar de identificar dónde debía depositarse el dinero, las facturas remiten genéricamente a las modalidades de pago acordadas entre las partes.
Esta práctica rompe con el procedimiento de facturación observado en las operaciones anteriores y dificulta seguir el recorrido del dinero desde el comprador hasta las cuentas de la petrolera.
La ausencia de información bancaria resulta especialmente cuestionable en una empresa estatal que debe mantener controles sobre sus cuentas por cobrar, los pagos de sus clientes y la conciliación de los ingresos.
PDVSA ha contado históricamente con procedimientos internos para la gestión de cobranzas, el seguimiento de pagos y la conciliación de cuentas bancarias. La omisión de esos datos en las facturas exige determinar qué instrucciones de cobro se utilizaron, quién las autorizó y cómo se garantizó la trazabilidad de los fondos.
¿Por qué desapareció de las facturas una información que anteriormente se identificaba de manera expresa? ¿Quién autorizó ese cambio y qué mecanismos sustituyeron los controles bancarios habituales? sin banco: un cambio que facilitaba la opacidad.
El protegido de Delcy Rodríguez después de PDVSA-Cripto
Las operaciones de Shandong adquirieron especial relevancia después de marzo de 2023, cuando estalló el escándalo PDVSA-Cripto.
La investigación sobre la comercialización irregular del petróleo venezolano y el desvío de ingresos provocó la caída de altos funcionarios y empresarios vinculados al chavismo, entre ellos Tareck El Aissami, Simón Zerpa y Samark López.
Pero el derrumbe de aquella estructura no puso fin a los negocios de Jorge Giménez.
Por el contrario, las empresas vinculadas al empresario ampliaron su actividad petrolera. Giménez no figuró formalmente entre los acusados del caso PDVSA-Cripto y, según fuentes conocedoras de aquellas operaciones, contó con la protección de Delcy Rodríguez, entonces vicepresidenta de la República.
La cercanía política resulta relevante para comprender cómo Giménez pasó de contratista de PDVSA a intermediario de grandes cargamentos petroleros, mientras empresas de su entorno acumulaban obligaciones de pago.
Durante 2024, cuando Shandong recibió los cinco cargamentos investigados, Delcy Rodríguez ejercía como vicepresidenta ejecutiva. El 27 de agosto de ese año asumió además el Ministerio de Petróleo, con responsabilidades directas sobre la industria y sus mecanismos de supervisión.
Su llegada al ministerio se produjo cuando ya se habían realizado varias de las operaciones investigadas y continuaban los negocios con las empresas vinculadas a Giménez.
La responsabilidad política y administrativa de Rodríguez exige examinar qué información recibió sobre esas deudas, qué medidas adoptó para recuperar los recursos y por qué continuaron las operaciones con empresas de su entorno cercano.
El artículo 20 de la Ley Antibloqueo establece que la Vicepresidencia de la República debe coordinar y aprobar un informe técnico previo cuando el Ejecutivo decida dejar de aplicar determinadas normas legales por efecto de las sanciones internacionales. ¿En qué informe técnico se basó Delcy Rodríguez para autorizar semejantes descuentos?
El NEW DIAMOND y otro cargamento sin correspondencia
Las irregularidades no terminaron en 2024.
Al año siguiente, Shandong continuó apareciendo en los registros comerciales de PDVSA como comprador de combustible venezolano.
En 2025, la petrolera contabilizó ventas de 3.409.488 barriles de fuel oil a la empresa, por unos 160 millones de dólares.
Pero los registros de fiscalización del SAMH examinados para ese período reflejan una cantidad inferior.
La diferencia es de 437.243 barriles, exactamente el volumen de un cargamento atribuido al buque NEW DIAMOND, fechado el 5 de julio de 2025 y facturado por US$20.679.189,06.
La operación figura en los registros comerciales de PDVSA, pero no aparece en la relación de cargamentos fiscalizados por el Servicio Autónomo de Metrología de Hidrocarburos SAMH.
El hallazgo abre un nuevo frente de investigación: determinar por qué un cargamento de más de 20 millones de dólares fue registrado como operación comercial sin una anotación correspondiente en la relación de fiscalización examinada.
También plantea interrogantes sobre la documentación que respaldó su facturación, la efectiva entrega del combustible y el cumplimiento de las obligaciones de pago.
Las preguntas que Delcy Rodríguez y Jorge Giménez Ochoa deben responder
Las operaciones de Shandong añaden nuevos elementos al entramado petrolero investigado por Cuentas Claras Digital: cargamentos millonarios, facturas impagadas, diferencias en los volúmenes registrados y mecanismos de cobro cuya trazabilidad no queda establecida en la documentación financiera.
El caso no se limita a una empresa intermediaria que incumplió sus obligaciones comerciales. También compromete los controles de PDVSA y la actuación de las autoridades que permitieron la continuidad de esos negocios.
Jorge Giménez debe explicar por qué las empresas vinculadas a su estructura recibieron cargamentos de petróleo venezolano mientras acumulaban deudas millonarias, cuál fue el destino de los recursos obtenidos por su comercialización y qué acuerdos financieros mantenían con PDVSA.
Delcy Rodríguez, por su parte, debe responder por las decisiones adoptadas durante su gestión como vicepresidenta ejecutiva y, posteriormente, como ministra de Petróleo, así como por las medidas de control y recuperación de las deudas de las empresas relacionadas con un empresario de su entorno cercano.
¿Quién autorizó que Shandong siguiera recibiendo petróleo pese a sus obligaciones pendientes?
¿Por qué se emitieron facturas sin identificar el banco ni las cuentas donde debían realizarse los pagos?
¿Existieron instrucciones bancarias paralelas o acuerdos de compensación que no quedaron reflejados en las facturas?
¿Quién controlaba esas cuentas y quién verificaba el ingreso efectivo del dinero?
¿Qué funcionarios aprobaron los despachos y qué información recibieron sobre los incumplimientos?
¿Por qué no se suspendieron las operaciones ni se ejecutaron mecanismos efectivos de cobro?
¿Qué tratamiento recibieron las deudas de Shandong en los estados financieros de PDVSA y qué provisiones se constituyeron ante el riesgo de impago?
¿Se realizaron auditorías internas sobre estas operaciones? ¿Cuáles fueron sus resultados y quién tuvo acceso a ellos?
¿Ordenó Delcy Rodríguez alguna investigación, reclamación de pago o revisión de los contratos? ¿Por qué las operaciones continuaron durante 2025?
¿Quiénes, dentro de PDVSA y del poder político, hicieron posible que un intermediario petrolero mantuviera acceso a cargamentos millonarios en estas condiciones?
En algún momento, el Estado. Venezolano – esperamos que mas temprano que tarde – deberá establecer no solo el monto definitivo de las obligaciones impagadas por Jorge Giménez Ochoa, sino también quiénes autorizaron, facilitaron y/o encubrieron las operaciones y qué posibilidades reales existen de recuperar los recursos comprometidos.
