La reciente ruina de Venezuela se debe, indiscutiblemente, al sometimiento a las garras del régimen “chavista” desde el año 1.999. La nación sucumbió ante la poderosa maquinaria de corrupción, la falta de gerencia, la opacidad, la falta de trasparencia, la ausencia total de rendición de cuentas, la decidía y la incapacidad general para administrar y dirigir a un país rico en petróleo, oro, y otros minerales estratégicos. La triste historia del mal llamado Socialismo del Siglo XXI.
Chávez fue un encantador de serpientes: sedujo a muchos venezolanos ávidos de una nueva fórmula de gobierno, distinta a la hoy añorada IV República, que no era otra cosa que una democracia imperfecta, pero perfectible.
Muchos adeptos al caudillo, afortunadamente, abandonaron prematuramente la nueva falsa democracia y se agruparon en un frente de oposición al régimen ya instaurado, mediante distintos escenarios. Me consta que fueron innumerables las formas de protesta pacifica en las calles, que lamentablemente se tornaron violentas, derramando mucha sangre inocente, y provocando encarcelamientos injustos, sin resultado alguno que cambiara el aciago panorama político nacional.
El régimen sintió el embate del pueblo y lo reprimió severa y cruelmente. Se hicieron cotidianas las detenciones, los secuestros, las violaciones de los derechos humanos y otras barbaridades, con total impunidad.
Los partidos de oposición se agrupaban, se atomizaban y se reagrupaban nuevamente con una rapidez espeluznante. Llovieron las denuncias a nivel nacional e internacional en materia de violación de derechos humanos y en favor de la libertad de cientos de presos políticos. Eso, en lugar de inquietar a la cúpula represora, avivó la llama contra estudiantes, políticos, militares y gente de a pie, sin distinción entre nacionales y extranjeros; en fin, contra todo aquel que tuviera que ver o no con las protestas. Bastaba una caricatura, un mensaje de WhatsApp, audios, videos, o una fotografía alusiva a las protestas, para que se activaran frenética e inmediatamente los organismos policiales, militares o de inteligencia del Estado y del Ministerio Público.
La dictadura nunca reconoció culpa alguna por los errores cometidos durante más de 27 años. Por el contrario, siempre había a quien “endosarle” la culpa, como mecanismo de defensa ante tanta negligencia. Brotaron sin control todo tipo de actos de corrupción: soborno, peculado, tráfico de influencias, nepotismo, concusión, enriquecimiento ilícito, extorción, fraude y otras maniobras delictuosas muy difíciles de ocultar.
A estas alturas, prácticamente al final del último trimestre de este año 2026, el panorama político luce raro, pero encaminado, con sus características propias: extracción de Nicolas y Cilia, gobierno interino, tutelaje de EE.UU., mesa de negociación, el grueso de la oposición luce fragmentado y a la deriva, liderazgo indiscutible de María Corina Machado y todos a la espera de elecciones presidenciales a corto plazo. Esto, no sin antes depurar el Tribunal Supremo de Justicia, conformar un nuevo Consejo Nacional Electoral con la urgente actualización del padrón electoral y sanear el proceso electoral vigente, el conteo de los votos, su transmisión y el escrutinio definitivo, de manera observada, manual y transparente. Luce laborioso, pero es de inminente urgencia.
Todos tenemos una dosis de culpa en esta tragedia: unos por acción y otros por omisión. La responsabilidad por acción recae, indudablemente, en los protagonistas de la debacle, ayudados por aquellos disfrazados de opositores o “independientes políticamente” que negociaron con los gobernantes corruptos para su beneficio propio, girando en un tornado de miles de millones de dólares. Otros, por omisión, quedamos envueltos en un panorama confuso entre la culpa y el miedo. Estos últimos, y me incluyo, fuimos testigos de piedra de lo que se escenificaba delante de nuestros ojos; y, antes que la culpa, saltó el miedo, porque cuando el miedo supera a la culpa, algo cambia dentro de nosotros.
La culpa nos recuerda lo que hicimos, lo que omitimos o aquello que creemos haber hecho mal; pero el miedo puede llegar a ser tan grande que nos hace actuar en contra de nuestros propios valores, ocultar la verdad o permanecer en situaciones que ya no queremos sostener.
En el ámbito judicial, había y hay secretos a voces, que hacen presumir que abogados inescrupulosos corrompían o corrompen a notarios, registradores inmobiliarios, registradores mercantiles y otros funcionarios, con el único fin de conseguir éxito en sus diligencias y juicios. Así hacen creer a propios y extraños que sus éxitos son suyos y honestos, cuando en realidad están asociados malignamente con los corruptos y corrompidos, quienes deberán pagar tarde o temprano por sus actos. Por eso, en la nueva República, el Estado, por medio de un Ministerio Público renovado y saneado, podrá transferir a su favor los bienes originados por actividades ilícitas o destinados a ellas, sin compensación alguna. Esto aplicaría a todos aquellos jueces, y magistrados y otros funcionarios de los últimos 27 años, que no pudieran justificar fortunas, inmuebles, aviones, embarcaciones, fincas y otros bienes y lujos de procedencia dudosa. Todo ello, de conformidad con la ley Orgánica de Extinción de Dominio, publicada en la Gaceta Oficial Nro. 6.745, fecha 28 de abril del año 2023.
En definitiva, no se trata de señalar culpables; se trata de enjuiciar a todos aquellos que hayan colaborado, de una u otra manera, con la destrucción del país: sin venganza, sin cacería de brujas, sin retaliación, pero sin impunidad.
