Por Cuentas Claras Digital | Investigación
En la madrugada del 7 de enero de 2026, un helicóptero militar estadounidense sobrevoló las aguas del Caribe hasta situarse sobre la cubierta del petrolero Sophia. Desde la aeronave, un grupo de agentes descendió mediante cuerdas y tomó el control del buque sin encontrar resistencia. En sus tanques transportaba cerca de dos millones de barriles de petróleo venezolano. La operación formaba parte de la ofensiva de Washington contra la llamada flota oscura, utilizada para transportar crudo sujeto a sanciones internacionales.
Pero lo más desconcertante de aquella operación no fue la incautación, sino su desenlace. Tras desaparecer durante casi dos semanas y reaparecer luego frente a las costas de Puerto Rico, el Sophia fue objeto de una decisión tan inesperada como poco explicada: Estados Unidos resolvió devolverlo a Venezuela. El 28 de enero, Reuters reveló que las autoridades estadounidenses habían dispuesto su entrega, sin informar por qué renunciaban a mantener bajo su control un petrolero que acababan de interceptar ni aclarar qué había ocurrido con los casi dos millones de barriles de crudo que transportaba.
El episodio dejó abiertas preguntas que trascienden el destino de un solo buque: ¿quién era el verdadero comprador de aquel petróleo? ¿Quién debía recibirlo? ¿Y cuánto dinero terminaba ingresando efectivamente a las cuentas de Petróleos de Venezuela (PDVSA) por los cargamentos que salían de sus terminales?
Una investigación basada en contratos comerciales, facturas, conocimientos de embarque y registros internos de PDVSA y del Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (Bandes), permite reconstruir una parte de ese circuito: las operaciones de empresas vinculadas al empresario Jorge Andrés Giménez Ochoa, presidente de la Federación Venezolana de Fútbol, que recibieron cargamentos de combustible venezolano por cientos de millones de dólares mientras acumulaban importantes saldos pendientes de pago.
Durante años se ha especulado sobre la multimillonaria deuda que Giménez Ochoa tendría con PDVSA. Como intermediario petrolero vinculado al entorno de Delcy Rodríguez, tuvo acceso a más de 27 millones de barriles de crudo Merey 16 y de combustible (fuel oil) entre 2022 y 2024, por un monto de 1.560 millones de dólares. Para ello utilizó empresas diferentes, entre ellas, Panglobal Energy SMC LTD., Ripple Oil Trading LTD. y Hong Xing Energy LTD., registradas en Uganda y China. Sin incluir en este balance las deudas de Shandong Mingshuo Energy Trading C, que será objeto de la segunda entrega de esta investigación.
De contratista menor de PDVSA al círculo de Delcy Rodríguez
Los negocios de Jorge Giménez con el Estado venezolano son anteriores a su incursión como intermediario de grandes cargamentos petroleros. En 2016 constituyó junto a su padre, Fenelón Giménez, Construcciones Energéticas del Sur (Cenesur), empresa que obtuvo contratos para suministrar equipos y repuestos a distintas filiales y empresas mixtas de PDVSA, entre ellas Petrocedeño, Petrozamora, Petrolera Sinovensa, Petrosucre y Petroboscán, según documentación del Registro Nacional de Contratistas.
Para entonces, Giménez también había comenzado a construir relaciones con figuras del poder político. En junio de 2018 apareció junto a sus socios Antonio González y Martín Merckx Landaluce en un acto encabezado por el entonces gobernador del estado Miranda, Héctor Rodríguez, relacionado con una exportación de cacao desde La Guaira.
En agosto de 2019, Giménez, entonces presidente del Deportivo Lara, viajó a España para suscribir un acuerdo de colaboración con el Zamora CF. Allí se reunió con Víctor de Aldama, presidente ejecutivo del club español, quien actualmente enfrenta varias causas judiciales en España, entre ellas el caso Hidrocarburos en la Audiencia Nacional.
La cercanía de Giménez con Delcy Rodríguez quedó expuesta en enero de 2020, cuando el empresario formó parte de la comitiva que acompañó a la entonces vicepresidenta en su viaje a Madrid, episodio que dio origen al denominado Delcygate. Entre los integrantes del séquito también figuraba el comerciante Yussef Abou Nassif Smaili, pareja sentimental de Rodríguez. La presencia de Giménez en aquel viaje ha sido documentada por reseñas periodísticas y mencionada durante la comisión de investigación del Senado español.
Posteriormente, las averiguaciones de la Guardia Civil española aportaron nuevos elementos sobre esa relación. Al examinar las comunicaciones entre Víctor de Aldama y Giménez, la Unidad Central Operativa (UCO) identificó al empresario venezolano como una persona de confianza de Delcy Rodríguez. En uno de los mensajes, fechado el 15 de junio de 2020, Aldama recordaba un negocio realizado con Giménez y hacía referencia a su relación con “la jefa”, expresión que los investigadores identificaron con la vicepresidenta.
Ese mismo año, los negocios de Giménez con el Estado adquirieron otra dimensión. Alimentos Lual, empresa vinculada a su entorno empresarial, participaba en el suministro y empaquetado de alimentos destinados a los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), negocio que utilizaba como medio de pago los recursos procedentes de la comercialización de petróleo venezolano.
El salto hacia la intermediación directa de grandes cargamentos petroleros llegaría posteriormente. Desde finales de 2022 aparecen en operaciones de comercialización de PDVSA las compañías Panglobal Energy, Ripple Oil Trading y Hong Xing Energy, relacionadas por distintas vías a la estructura empresarial de Giménez.
El escándalo PDVSA-Cripto, destapado en marzo de 2023, sacudió las estructuras del poder petrolero venezolano y provocó la caída de altos funcionarios y empresarios vinculados al régimen. La investigación dejó 66 detenidos, entre ellos el exministro de Petróleo Tareck El Aissami, el exministro de Finanzas Simón Zerpa, el empresario Samark López, el exdiputado Hugbel Roa y Antonio José Pérez Suárez, vicepresidente de Comercio y Suministro de PDVSA.
El nombre de Jorge Giménez también estuvo vinculado al caso. Sin embargo, a diferencia de otros empresarios involucrados, no figuró entre los acusados formalmente. Según fuentes conocedoras de aquellas operaciones, Giménez contó con la protección de Delcy Rodríguez, entonces vicepresidenta de la República y ministra de Economía, Finanzas y Comercio Exterior.
Pese al estallido del caso PDVSA-Cripto y a las investigaciones que siguieron, las empresas vinculadas a Jorge Giménez continuaron recibiendo cargamentos de hidrocarburos. Los documentos examinados permiten identificar un patrón de operaciones caracterizado por condiciones comerciales privilegiadas, acumulación de deudas sin que se interrumpieran los despachos, vacíos documentales y mecanismos de compensación financiera opacos relacionados con el suministro de alimentos del programa CLAP. Un circuito comercial que movilizó más de 1.560 millones de dólares y plantea interrogantes sobre los controles de PDVSA y las responsabilidades de quienes autorizaron estas operaciones al más alto nivel.
Hong Xing: Cargamentos millonarios y facturas impagadas
Las condiciones de PDVSA establecían que las empresas compradoras debían adelantar la mitad del pago antes de iniciar la carga y cancelar el resto antes de que el buque abandonara el puerto. Sin embargo, una conciliación bancaria de la Vicepresidencia de Finanzas de la petrolera fechada en junio de 2025 revela que, años después, las empresas de Giménez Ochoa aún tenían saldos pendientes, en muchos casos, incluidas operaciones por las que no se había recibido ningún abono.
Entre diciembre de 2023 y septiembre de 2024, Hong Xing habría facturado un total de casi 370 millones de dólares correspondientes a 7 millones 532 mil barriles de fuel oil.
La conciliación bancaria revela que de los 369,3 millones de dólares facturados a Hong Xing Energy por 16 cargamentos de combustible, apenas 63,8 millones figuran como recibidos. Tres operaciones registran abonos mediante compensación financiera, una modalidad de pago vinculada al suministro de cajas de alimentos del programa gubernamental denominado Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP); otras cinco presentan pagos parciales y ocho no registran ningún abono. La diferencia pendiente asciende a aproximadamente 305,5 millones de dólares, equivalente al 82,7 % del monto facturado.
Entre las operaciones sin pago registrado, la conciliación identifica cuatro cargamentos que estarían pendientes de documentación, otra de las irregularidades que se repite en las transacciones de las empresas relacionadas con Jorge Giménez.
Más de un millón de barriles sin factura
Las irregularidades documentales no se limitan a las operaciones de Hong Xing. El conocimiento de embarque N.º 19263-8215-1-1, de fecha 19 de marzo de 2022, registra que el buque Henry, identificado con el IMO 9233741 de bandera vietnamita, transportó 1.014.079 barriles de crudo Merey 16 a nombre de Panglobal Energy SMC Ltd desde la plataforma Jose, terminal petrolera situada en la costa del estado Anzoátegui, hasta Qingdao, China.
El valor estimado del cargamento podría situarse entre 40 y 53 millones de dólares. Sin embargo, según fuentes de PDVSA consultadas para esta investigación, no se ha localizado una factura asociada a esa operación.
Los documentos revelan otros aspectos cuestionables de estas operaciones, relacionados con las condiciones de venta y los precios autorizados por PDVSA, que en algunos casos se situaron considerablemente por debajo de las cotizaciones internacionales de referencia.
PDVSA vendió combustible a Giménez con descuentos de casi un 40%
Un análisis de las operaciones de PDVSA con Hong Xing Energy Limited y del contrato suscrito entre ambas bajo el número 37020330 de junio de 2024 revela importantes diferencias entre los precios facturados por la estatal venezolana y las cotizaciones internacionales de referencia.
En el período analizado, la empresa recibió cargamentos de hidrocarburos facturados a precios fijos de 46 y 52 dólares por barril, mientras que las cotizaciones del mercado Platts Singapur, utilizadas como referencia, oscilaron entre 66,15 y 78,50 dólares por barril.1
En las 16 operaciones examinadas, las diferencias alcanzaron hasta 26,50 dólares por barril, equivalentes a descuentos cercanos al 40 % respecto a la cotización de referencia.
El contrato establecía precios fijos, sin una fórmula de indexación a las cotizaciones internacionales ni mecanismos de ajuste por calidad del producto. El mismo esquema se identificó en el contrato 37020292, también suscrito con Hong Xing.
La venta de petróleo a precios fijos al margen de las fluctuaciones del mercado internacional habría violado leyes de la República, resoluciones del Ministerio de Petróleo y normativas internas de PDVSA, según expertos consultados. Asimismo, abre interrogantes sobre las condiciones en las que la petrolera negoció estos contratos, los criterios utilizados para determinar los precios y los mecanismos de control y autorización aplicados a estas operaciones, inclusive bajo el amparo de la cuestionada Ley Antibloqueo.
La cuestión central es quién aprobó esos precios, qué análisis comercial justificó los descuentos y qué instancias de PDVSA, del Ministerio de Petróleo o de la misma Vicepresidencia (art. 20 de la Ley Antibloqueo) intervinieron en su autorización.
Sin rastro del destino final del combustible
Aunque el contrato identifica como destino comercial la región asiática, establece la obligación del comprador de entregar a PDVSA un certificado de descarga dentro de los 60 días naturales siguientes a la fecha del conocimiento de embarque. Este documento debía permitir a la petrolera verificar dónde había sido descargado efectivamente el combustible.
No se tiene conocimiento de la existencia de dicho certificado en ninguno de los cargamentos investigados. Esa ausencia impide verificar el destino final del combustible y deja abierta la posibilidad de que los cargamentos hayan sido desviados de sus rutas originales o trasladados a otros petroleros mediante operaciones de transferencia de buque a buque, conocidas como ship-to-ship (STS).
Si PDVSA no puede acreditar dónde se descargó el petróleo, qué empresa lo recibió o qué cantidad fue efectivamente entregada, existe un problema de trazabilidad y de control. La ausencia de los certificados de descarga constituye una irregularidad grave de control patrimonial por parte de PDVSA.
En junio de 2020, Reuters reconstruyó operaciones en las que buques salían de Venezuela cargados de petróleo y navegaban hasta aguas próximas a Malasia. Allí transferían el cargamento a otros petroleros que continuaban hacia China. La investigación identificó 15 barcos que partieron de Venezuela y 18 buques receptores. Parte del petróleo terminó declarado ante las aduanas chinas como si procediera de Malasia. El reportaje detalla el empleo de naves de la llamada flota oscura, caracterizada por la falsificación o AIS spoofing de las coordenadas transmitidas por los petroleros para ocultar su ubicación real e impedir así el seguimiento de los cargamentos, incluidas las transferencias entre buques en alta mar.
En el caso de las empresas asociadas a Jorge Giménez, Panglobal Energy SMC LTD, Ripple Oil Trading LTD y Hong Xing Energy LTD, los buques identificados con sus cargamentos son naves de más de veinte años de antigüedad que suelen cambiar de bandera y de nombre. Marlin (IMO 9226970), que en la actualidad se llama Yoselin, está en la lista de seguimiento de tanqueros de alto riesgo por operaciones opacas. S-tinos (IMO 9166754) figura como vendido para desguace en Bangladesh en 2018, pero en 2022 aún estaba operativo con los cargamentos de Panglobal. Imperia (IMO 9322827), ahora Antares, fue oficialmente sancionada por la OFAC por participar en comercio no autorizado de petróleo sancionado.
Petróleo por alimentos: el críptico mecanismo de las compensaciones
Las facturas y los registros de conciliación plantean igualmente interrogantes sobre los mecanismos utilizados para pagar las operaciones.
La modalidad de compensación financiera que aparece en las condiciones de pago de Hong Xing Energy a partir de enero de 2024 tiene antecedentes en el esquema mediante el cual PDVSA entregaba cargamentos de petróleo a cambio de alimentos destinados al programa CLAP.
La participación de Jorge Giménez en el negocio de las denominadas cajas CLAP se remonta al menos a 2020 a través de Alimentos Lual, empresa constituida en Caracas en 2018 y vinculada a su socio Antonio Luis González Morales, pero cuyas instalaciones principales se ubican en Barquisimeto. La compañía compartía domicilio con otras sociedades relacionadas con Giménez y en agosto de 2020 fue presentada como centro de empaquetado de alimentos CLAP.
En 2021, documentos de la Corporación Única de Servicios Productivos y Alimentarios (CUSPAL), adscrita al Ministerio de Alimentación, incluyeron a Alimentos Lual, junto con Tropical Import y Norteca International Limited – compañías del entorno empresarial de Giménez – entre las empresas encargadas de empaquetar cinco millones de combos alimentarios mensuales, financiados con recursos provenientes de la venta de crudo suministrado por PDVSA.
En julio de 2021, un informe de Abastecimientos Lara, organismo adscrito a la Gobernación del estado Lara, declaró “no apto para el consumo humano” un lote de frijol chino empaquetado por Alimentos Lual. Pese a ese grave señalamiento, la empresa continuó sus actividades en el programa alimentario gubernamental.
La vinculación de Alimentos Lual con el programa CLAP se habría mantenido al menos hasta 2025. Un documento titulado Informe de Producción Combos CLAP, con fecha 7 de octubre de ese año al que tuvo acceso CCD, identifica a la empresa entre los proveedores del programa y señala que las contrataciones se realizaban a través del Banco de Desarrollo Económico y Social (BANDES). El informe registra una programación de más de 4,3 millones de combos alimentarios distribuidos entre doce proveedores, incluido Alimentos Lual.
Los negocios irregulares de Giménez con PDVSA abarcaban la comercialización del crudo, la movilización de los ingresos a través del sistema bancario y los pagos a proveedores de alimentos.
Según fuentes cercanas a Giménez, este también cobraba comisiones de un 7 % por actividades de intermediación financiera.
Una deuda que podría superar los mil millones de dólares
Desde hace años circulan versiones sobre la deuda total que las empresas petroleras intermediarias asociadas a Jorge Giménez tendrían con PDVSA. Se habla de 1.500 millones de dólares, según investigaciones de varios medios nacionales.
De acuerdo con documentos a los que ha tenido acceso CCD, entre 2022 y 2024, Panglobal, Ripple y Hong Xing recibieron 27 millones de barriles de crudo (Merey 16) y fuel oil en 30 cargamentos, por un monto total facturado de 1.560.152.513 dólares.
Cuántos de esos cargamentos fueron pagados, cuántos mantienen saldos pendientes y cuántos salieron incluso sin ser facturados, como ocurrió con el cargamento del buque Henry, son interrogantes que solo una profunda auditoría de PDVSA podrá esclarecer.
Con respecto a Hong Xing, foco de esta investigación, el porcentaje de impago documentado supera el 80% de su facturación. Si el patrón de incumplimientos observado en Hong Xing se hubiera repetido en las demás empresas de Giménez, la deuda conjunta podría alcanzar una magnitud cercana o superior a los mil millones de dólares.
Lo que sí permiten establecer los documentos analizados es que una parte importante de los hidrocarburos despachados por PDVSA a empresas de Jorge Giménez permanece pendiente de cobro años después de haberse efectuado las operaciones.
Las preguntas que debe responder Delcy Rodríguez
Durante el período investigado, el Ministerio de Petróleo estuvo encabezado por Tareck El Aissami, hasta marzo de 2023; Pedro Tellechea, hasta agosto de 2024; y Delcy Rodríguez, a partir del 27 de agosto de 2024. Esta última, además, había ejercido durante las operaciones de Giménez como vicepresidenta ejecutiva y ministra de Economía y Finanzas.
Al asumir el Ministerio de Petróleo, Rodríguez quedó al frente de la cartera responsable de supervisar una industria en la que ya se habían producido buena parte de las operaciones investigadas y en la que continuaban existiendo obligaciones de pago pendientes.
¿Qué información recibió sobre las deudas de las empresas intermediarias?
¿Cómo se examinaron y quiénes aprobaron los estados financieros?
¿Qué tratamiento contable recibieron las cuentas pendientes de cobro y qué provisiones se tomaron ante el riesgo de que resultaran incobrables?
Resulta indispensable realizar una auditoría interna y externa independiente que permita cuantificar el eventual daño patrimonial sufrido por PDVSA, evaluar las posibilidades reales de recuperación de las deudas y establecer las responsabilidades correspondientes.
La determinación de responsabilidades deberá distinguir entre quienes autorizaron o ejecutaron conscientemente estas operaciones, los responsables de elaborar, revisar y auditar los estados financieros sin reflejar adecuadamente las deudas pendientes, y aquellos funcionarios que pudieron verse obligados a intervenir bajo presiones políticas, amenazas o imposiciones de sus superiores jerárquicos, sin capacidad real para oponerse. Estas prácticas de coacción han marcado distintos ámbitos de la administración pública venezolana durante el régimen de Chávez, Maduro y, más recientemente, de los hermanos Rodríguez.
La documentación examinada revela que PDVSA continuó suministrando hidrocarburos a nuevas empresas vinculadas a Jorge Giménez, pese a las deudas acumuladas por las anteriores, en un circuito comercial que movilizó más de 1.560 millones de dólares. Estas operaciones tampoco impidieron que Giménez mantuviera su participación como uno de los principales proveedores del programa CLAP.
La pregunta ya no es solamente cuánto dinero debe Jorge Giménez a PDVSA, sino quién, desde las estructuras de poder, autorizó unas operaciones que comprometieron cientos de millones de dólares del patrimonio venezolano, buena parte de los cuales podría haberse perdido irremediablemente.
Cuentas Claras Digital continúa analizando nuevos documentos sobre estas operaciones, cuyos hallazgos serán abordados en próximas entregas. La investigación sigue de cerca las declaraciones que, según fuentes conocedoras del proceso, están aportando a la justicia estadounidense Alex Saab y Álvaro Pulido, dos actores centrales del mecanismo de intercambio de petróleo por alimentos. De acuerdo con esas fuentes, sus testimonios, especialmente el de Saab, estarían aportando información sobre la magnitud de las operaciones, la identidad de otros involucrados y las responsabilidades dentro de este entramado de corrupción de la cleptocracia que se adueñó de Venezuela.
