La justicia de Estados Unidos presentó nuevos cargos contra Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, por conspiración para cometer torturas durante los años en que el régimen de Maduro estuvo en el poder en Venezuela. La nueva acusación, presentada ante el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York, amplía el expediente penal que ambos enfrentan por delitos vinculados con el narcotráfico y el narcoterrorismo. La cadena CNN adelantó el 7 de octubre que los fiscales preparaban estas imputaciones, formalizadas este jueves 8 de octubre.
De acuerdo con la acusación, Maduro habría autorizado actos de tortura contra determinadas personas y supervisado una estructura que utilizaba detenciones arbitrarias, violencia y malos tratos como mecanismos de represión contra adversarios políticos. Los fiscales estadounidenses sostienen que estas prácticas formaban parte de una estrategia destinada a mantener el control del poder mediante la intimidación y la persecución de quienes eran considerados opositores al régimen.
Entre los episodios descritos figura la detención de un militar venezolano en 2013, acusado de participar en una supuesta conspiración contra Maduro. Según los fiscales, agentes de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) lo sometieron a descargas eléctricas y lo suspendieron de manos y pies durante los interrogatorios. La acusación también recoge el caso de un ciudadano estadounidense detenido en 2022, quien habría sufrido golpes y descargas eléctricas tras ser señalado de participar en un supuesto plan para asesinar al entonces mandatario.
Las investigaciones incluyen denuncias de ciudadanos estadounidenses que permanecieron encarcelados en Venezuela y posteriormente denunciaron torturas físicas y psicológicas. Entre los métodos señalados figuran simulaciones de ahogamiento, descargas eléctricas, amenazas de agresión sexual, aislamiento prolongado y administración de sustancias que alteraban el estado mental. Durante años, Washington acusó al régimen de Maduro de utilizar la detención de estadounidenses como instrumento de presión en negociaciones diplomáticas. Algunos de estos ciudadanos recuperaron su libertad mediante intercambios de prisioneros entre ambos países.
El nuevo expediente también vuelve a colocar bajo escrutinio el papel de los organismos de inteligencia y contrainteligencia venezolanos. La acusación menciona a la DGCIM, institución vinculada durante años con denuncias de violaciones de derechos humanos. Entre sus antiguos responsables figura el general Hugo Carvajal, quien se declaró culpable de delitos relacionados con el narcotráfico en Estados Unidos y ha manifestado su disposición a colaborar con las autoridades estadounidenses. Paralelamente, la Corte Penal Internacional mantiene investigaciones sobre posibles crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela.
Maduro y Flores permanecen detenidos en el Centro Metropolitano de Detención de Brooklyn desde su captura en Caracas el 3 de enero de 2026. Ambos se declararon inocentes de los cargos anteriores y tienen previsto enfrentar un juicio a partir del 1 de junio de 2027. Mientras tanto, la defensa de Flores solicita su excarcelación por razones médicas para que pueda recibir tratamiento cardíaco, una petición rechazada por la Fiscalía debido al riesgo de fuga. Los nuevos cargos representan una ampliación significativa del proceso penal, al incorporar acusaciones por graves violaciones de derechos humanos a una causa inicialmente centrada en actividades relacionadas con el narcotráfico.
