La urgente e inminente renovación del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela y la designación de todos los jueces de la República, desde lo más alto de la pirámide hasta su base, debería ocupar un lugar prioritario en la actual coyuntura nacional. No hay discusión.
No estamos hablando simplemente de cambiar nombres. Estamos ante la posibilidad de revisar, de verdad, qué tipo de justicia queremos para el país en esta etapa «sui géneris» de transformación republicana y democrática.
Por eso, el proceso de revisión de los credenciales de quienes sean postulados para ocupar cargos de magistrados y jueces no puede limitarse a comprobar títulos, estudios, especializaciones, experiencia académica y años de ejercicio profesional. Todo eso es importante, pero no es suficiente.
Quienes aspiran a administrar justicia durante las próximas décadas deberían ser examinados con rigor en aspectos fundamentales: su trayectoria profesional, el desempeño que hayan tenido en cargos dentro de la administración pública, su actuación ante la comunidad más cercana a su domicilio, sus posibles conflictos de intereses y la correspondencia entre sus ingresos y su patrimonio actual, siempre dentro de los límites que establece la ley y respetando su vida privada.
Para ayudar a sanear ese listado, afortunadamente existe también el mecanismo de impugnación establecido en la ley.
El comité que finalmente quede encargado de analizar las postulaciones tendrá, por tanto, una enorme responsabilidad. Su tarea no debería limitarse a comprobar requisitos. Debe contribuir a garantizar que quienes lleguen a ocupar esos cargos tengan la preparación, la probidad y la independencia política necesarias.
En este proceso, los Colegios de Abogados de todo el país y las comunidades deberían tener una participación real. Son ellos quienes conocen de cerca las fortalezas y debilidades de nuestro sistema de justicia, conocen a los potenciales candidatos y pueden aportar elementos importantes para evaluar a quienes aspiran a formar parte de él.
Pero la reforma del aparato judicial no debería terminar allí.
Si verdaderamente queremos una transformación de la justicia, tenemos que mirar también hacia los tribunales donde el ciudadano común acude a presentar una demanda, enfrenta un proceso o busca la protección de sus derechos constitucionales.
Y después de esta discusión y de esta ardua labor, viene la esperada gran cita nacional: las elecciones presidenciales, en ese mismo y estricto orden.
Una elección puede cambiar un gobierno, pero la justicia no debería cambiar dependiendo de quién gobierne. Precisamente por eso, la reforma judicial debe construirse sobre criterios que permitan preservar la independencia de los jueces frente a cualquier poder político.
Antes de preguntarnos quién conducirá el país, deberíamos preguntarnos también qué instituciones queremos que encuentre quien resulte elegido.
Porque los gobiernos pasan. La justicia, en cambio, debe permanecer.
