Transparencia Venezuela documentó profundas deficiencias en la capacidad del Estado para responder al doble terremoto de magnitudes 7,2 y 7,5 que golpeó el centro-norte del país el 24 de junio de 2026. El estudio, titulado La insuficiente respuesta estatal: el desastre ocurrió antes del terremoto, sostiene que la brecha observada durante la emergencia coincide con un deterioro institucional que existía antes de la catástrofe.
El análisis compara la actuación venezolana con estándares internacionales y con la respuesta registrada en terremotos de Turquía-Siria, Japón, Haití, Chile y China. Según el informe, durante las primeras 24 horas Venezuela había movilizado alrededor de 4.000 funcionarios civiles y militares, equivalentes a apenas 12,6% del máximo de efectivos que terminaría desplegando. A las 48 horas el porcentaje rondaba 34,5%, mientras el máximo declarado, de 31.837 efectivos, no se alcanzó hasta el día 18 posterior al terremoto.
La lentitud resulta especialmente relevante porque las primeras 72 horas constituyen la ventana crítica para localizar sobrevivientes bajo los escombros. Transparencia Venezuela señala que la mayor parte de las personas salvadas durante las primeras 48 horas sobrevivió mediante autoevacuación o rescates realizados localmente. Vecinos y voluntarios fueron documentados removiendo escombros con sus propios medios, mientras no existe constancia de que Venezuela dispusiera de una capacidad nacional de búsqueda y rescate urbano especializado —USAR— equivalente a las necesidades de la emergencia.
Los primeros equipos internacionales especializados procedentes de El Salvador, México y República Dominicana comenzaron a llegar aproximadamente 48 horas después del terremoto. Posteriormente, la operación internacional llegó a reunir decenas de equipos de búsqueda y rescate. Para el día 10, Naciones Unidas contabilizaba 67 equipos USAR de 29 países, con 2.431 efectivos y 188 perros de búsqueda. El informe concluye que el componente especializado de las operaciones terminó dependiendo principalmente de la asistencia internacional.
Para Transparencia Venezuela, las dificultades no pueden analizarse únicamente a partir de lo ocurrido después del sismo. Antes de la emergencia, el sistema hospitalario público funcionaba con graves limitaciones: estimaciones de la Encuesta Nacional de Hospitales indicaban que solo cuatro de cada diez quirófanos estaban operativos, existía un desabastecimiento de insumos quirúrgicos de 74% y alrededor de 60% de los hospitales carecía de agua corriente. La red de vigilancia sísmica de FUNVISIS también habría llegado a la emergencia severamente reducida, al pasar de unas 300 estaciones a alrededor de cuatro operativas.
El informe identifica además inconsistencias y posibles brechas en los registros oficiales. Mientras las autoridades reportaron 856 edificaciones afectadas, distintas evaluaciones independientes arrojaron cifras superiores, aunque Transparencia Venezuela advierte que las metodologías utilizadas no son directamente comparables. También detectó variaciones en los balances de damnificados y un vacío de información oficial sobre desaparecidos, que llevó al surgimiento de plataformas ciudadanas para intentar contabilizarlos.
Al corte del estudio, correspondiente al 12 de julio, el balance disponible alcanzaba 4.490 fallecidos, 16.740 heridos y cerca de 17.907 personas sin vivienda. La organización sostiene que el problema no estuvo necesariamente en la cantidad total de funcionarios que Venezuela podía movilizar, sino en la velocidad con la que esa capacidad llegó a las zonas afectadas y en la ausencia de suficientes equipos especializados durante las horas con mayor posibilidad de encontrar sobrevivientes.
Transparencia Venezuela también advierte sobre una segunda etapa de riesgo: la reconstrucción. El estudio aclara que no pretende demostrar que la corrupción haya sido la causa directa de la lentitud del rescate, pero señala que la debilidad institucional y los altos niveles de corrupción constituyen factores relevantes de cara al manejo de los recursos que deberán destinarse durante los próximos años. La organización alerta que el mayor riesgo de corrupción asociado al desastre podría concentrarse precisamente en los próximos dos a cuatro años, cuando aumenten los contratos y fondos destinados a reconstruir las zonas devastadas.
