La situación judicial del colombiano Alex Saab volvió a complicarse en Colombia luego de que un juzgado de Barranquilla ordenara nuevas medidas cautelares contra empresas vinculadas a él y a su exesposa, Cyntia Eugenia Ceratin Ospina. La decisión revive un extenso proceso relacionado con presuntas operaciones de lavado de activos y enriquecimiento ilícito que durante años ha acompañado las investigaciones sobre sus actividades empresariales. Con información de Semana.
El Juzgado Segundo Civil del Circuito de Ejecución de Sentencias de Barranquilla aceptó solicitudes presentadas contra la empresa Jacadi de Colombia S.A. y ordenó el embargo y secuestro de recursos depositados en cuentas corrientes, cuentas de ahorro y otros instrumentos financieros asociados a la compañía. La medida también alcanza a Shatex S.A., empresa mencionada en varias investigaciones relacionadas con presuntas irregularidades financieras atribuidas a Saab.
La decisión contempla además la revisión de certificados de depósito a término (CDT) y de cuentas en entidades financieras y plataformas digitales, con el objetivo de impedir cualquier movimiento de recursos mientras avanza el proceso judicial. En total, el tribunal ordenó el embargo de 1.478 millones de pesos colombianos, fondos que deberán ser trasladados a una cuenta de depósitos judiciales bajo control de las autoridades.
Las propiedades de Alex Saab en Colombia bajo custodia de la SAE
El caso tiene su origen en investigaciones adelantadas por las autoridades colombianas sobre operaciones comerciales presuntamente ficticias vinculadas a exportaciones e importaciones textiles. Según los expedientes, las autoridades han intentado determinar si algunas de esas transacciones fueron utilizadas para ocultar recursos de origen ilícito y generar beneficios patrimoniales indebidos.
Paralelamente, Saab continúa enfrentando cargos en Estados Unidos relacionados con el programa de alimentos CLAP. La acusación federal sostiene que habría participado en un esquema para obtener contratos millonarios mediante el pago de sobornos a funcionarios venezolanos y para ocultar el verdadero origen de mercancías destinadas a Venezuela. Los fiscales estadounidenses afirman que entre 2015 y 2019 se habrían utilizado documentos falsos para presentar como provenientes de Colombia y México productos cuya procedencia era distinta.
La nueva decisión judicial en Colombia representa otro frente legal para el seudoempresario, cuyo nombre ha estado vinculado durante años a investigaciones por corrupción, lavado de dinero y contratación pública. Mientras avanzan los procesos en distintas jurisdicciones, sigue abierta la incógnita sobre si Saab optará por colaborar con las autoridades estadounidenses y aportar información sobre las estructuras financieras y políticas que rodearon los negocios desarrollados durante años con el régimen de Nicolás Maduro.
