Estados Unidos incluirá a las bandas brasileñas Primeiro Comando da Capital (PCC) y Comando Vermelho en su lista de organizaciones terroristas extranjeras a partir del próximo 5 de junio, según informó el Departamento de Estado. Además, ambos grupos fueron catalogados como “Terroristas Globales Designados Especialmente”, una medida impulsada por la Administración de Donald Trump que ya genera fuertes reacciones políticas en Brasil. Con información de El País.
La decisión llega en medio del ambiente preelectoral brasileño, a pocos meses de unas presidenciales que podrían enfrentar nuevamente a Luiz Inácio Lula da Silva con un candidato respaldado por el bolsonarismo. El anuncio también se produce apenas días después de una reunión privada entre Trump y el senador Flávio Bolsonaro en el Despacho Oval, donde, según el propio legislador brasileño, solicitó formalmente que Washington calificara a ambas organizaciones como grupos terroristas.
El Gobierno de Lula se había opuesto públicamente a esta medida. Las autoridades brasileñas consideran que el PCC y el Comando Vermelho son estructuras criminales orientadas al lucro y no organizaciones motivadas por ideologías políticas o religiosas, por lo que su inclusión en las listas estadounidenses podría generar conflictos jurídicos y tensiones sobre la soberanía nacional.
Brasilia también teme que este tipo de designaciones abra la puerta a medidas unilaterales por parte de Estados Unidos, incluyendo sanciones financieras o acciones de carácter militar bajo el argumento del combate al narcotráfico y al terrorismo.
En un comunicado difundido en redes sociales, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio calificó al PCC y al Comando Vermelho como dos de las organizaciones criminales “más violentas” de Brasil, asegurando que sus operaciones y conexiones se extienden por América Latina y territorio estadounidense.
Rubio sostuvo además que ambos grupos han ejecutado ataques violentos contra policías, funcionarios y civiles, y aseguró que la Administración Trump continuará utilizando “todos los medios disponibles” para combatir lo que describió como narcoterrorismo.
Flávio Bolsonaro aprovechó la medida para atacar políticamente a Lula. A través de redes sociales afirmó que mientras el mandatario brasileño habría intentado convencer a Trump de no aplicar las designaciones, él trabajó para que los grupos fueran tratados como organizaciones terroristas.
El PCC nació en cárceles de São Paulo durante los años noventa y con el tiempo se convirtió en una de las mayores estructuras criminales de América Latina. Actualmente tendría cerca de 40.000 integrantes y redes operativas que se extienden hacia otros países de la región, Europa y África.
Por su parte, el Comando Vermelho surgió en prisiones de Río de Janeiro y mantiene presencia en numerosas favelas y centros penitenciarios brasileños. Se estima que cuenta con unos 30.000 miembros armados.
Ambas organizaciones han expandido significativamente sus operaciones durante los últimos años, consolidando estructuras vinculadas al narcotráfico, extorsión, control territorial y tráfico internacional de drogas.
Expertos brasileños han advertido que la medida tendría principalmente un impacto político más que jurídico dentro de Brasil. Ignacio Cano, director del Laboratorio de Análisis de la Violencia de la Universidad Estatal de Río de Janeiro, aseguró que la figura del “narcoterrorismo” responde a una definición legal estadounidense y forma parte de una estrategia para endurecer la política regional de seguridad.
La designación de organizaciones criminales latinoamericanas como grupos terroristas ha sido utilizada por Washington en otros escenarios recientes. La Administración Trump ha apelado a este tipo de mecanismos para justificar operaciones militares y acciones de seguridad en distintos puntos de América Latina y el Caribe.
En paralelo, legisladores demócratas estadounidenses habían enviado recientemente una carta al Departamento de Estado para advertir sobre los riesgos de utilizar estas designaciones con fines políticos o para justificar operaciones extrajudiciales. Los congresistas señalaron que el uso excesivo de estas herramientas podría debilitar los esfuerzos reales de cooperación internacional contra el crimen organizado.
La controversia también revive el debate sobre el alcance de la política exterior estadounidense en la región y el creciente uso de figuras asociadas al terrorismo para enfrentar redes criminales vinculadas al narcotráfico.
