Un jurado federal en Miami declaró culpable al excongresista republicano David Rivera por su participación en una operación secreta de cabildeo valorada en 50 millones de dólares en favor de Venezuela durante la primera administración de Donald Trump. Con información de Associated Press (Joshua Goodman).
Rivera fue condenado junto a su socia Esther Nuhfer por todos los cargos, entre ellos no registrarse como agente extranjero ante el Departamento de Justicia —en violación de la ley FARA— y conspiración para cometer lavado de dinero. La jueza Melissa Damian ordenó su detención inmediata tras el veredicto, al considerar que existe riesgo de fuga debido a su acceso a recursos financieros y a la posibilidad de enfrentar una larga condena.
El caso, presentado inicialmente en 2022, sostiene que Rivera fue contactado por Delcy Rodríguez —actual presidenta interina— para utilizar su red de contactos republicanos y tratar de influir en la política de Washington hacia Venezuela, con el objetivo de suavizar las sanciones impuestas al entorno de Nicolás Maduro.
Testigo clave compromete a David Rivera con viaje a Caracas y pagos millonarios ligados al régimen
Durante el juicio, que se extendió por siete semanas, los fiscales describieron una operación de influencia encubierta que utilizó como fachada un contrato con una filial de PDVSA en Estados Unidos. Según la acusación, Rivera y Nuhfer manipularon a figuras políticas influyentes —incluyendo al actual secretario de Estado Marco Rubio y al congresista Pete Sessions— sin revelar la verdadera naturaleza de sus gestiones.
La fiscalía también reveló el uso de mecanismos de ocultamiento, como un grupo de mensajería cifrada denominado “MIA”, en el que los implicados utilizaban códigos para referirse a los actores clave: Maduro era “el conductor del autobús”, Rodríguez “La Dama de Rojo” y los pagos “melones”. El magnate venezolano Raúl Gorrín, previamente acusado en EE. UU. por sobornos, figuraba como enlace principal con Caracas.
De acuerdo con los fiscales, Rivera utilizó el contrato con PDV USA como cobertura para actividades de cabildeo ilegal y, una vez expuesta la operación, intentó ocultar transferencias millonarias mediante documentos antedatados y acuerdos ficticios, incluyendo pagos vinculados al mantenimiento de activos de lujo asociados a Gorrín.
La defensa sostuvo que el trabajo de Rivera se limitaba a gestiones comerciales, como promover el regreso de ExxonMobil a Venezuela, lo que —según sus abogados— no requería registro bajo la legislación de agentes extranjeros. También argumentaron que cualquier contacto político posterior fue independiente de ese contrato.
Sin embargo, el jurado respaldó la tesis de la fiscalía, que describió la operación como un intento deliberado de influir en la política exterior estadounidense mediante canales opacos. El caso expone nuevamente el papel de Miami como centro de operaciones para campañas de influencia extranjera vinculadas a América Latina.
