La Fiscalía Anticorrupción de España volvió a poner bajo presión judicial al empresario venezolano Alejandro Betancourt, al recurrir la decisión del juez Santiago Pedraz de archivar la causa por presunto blanqueo de capitales vinculado a fondos de PDVSA y al controvertido préstamo con Administrador Atlantic. Con información de El País.
El recurso del ministerio público sostiene que la investigación fue cerrada de forma prematura y que aún existen pruebas clave sin practicar, entre ellas declaraciones de empresarios, exdirectivos petroleros y exfuncionarios venezolanos actualmente ubicados en Estados Unidos. Para la Fiscalía, esas diligencias son esenciales para acreditar la existencia de sobornos, corrupción administrativa y el posterior ingreso de capitales en Europa mediante inversiones empresariales e inmobiliarias.
El expediente gira alrededor de un presunto fraude de 4.350 millones de dólares, originado en un préstamo firmado en 2012 entre la estatal venezolana y la firma privada Administrador Atlantic. Según la tesis acusatoria, parte de esos fondos habría sido canalizada hacia España a través de la compra de acciones, inmuebles de alto valor y la apertura de sociedades, en una estructura que también salpica a Francisco Convit, Pedro Trebbau y otros operadores financieros venezolanos.
Pedraz había archivado la causa al considerar que la justicia venezolana ya había revisado la legalidad del préstamo y concluyó que no existía delito, criterio que —a su juicio— impedía sostener el blanqueo como delito antecedente. Sin embargo, Anticorrupción replica que en España no se investiga la validez formal del préstamo, sino la corrupción entre empresarios privados y funcionarios venezolanos para mover fondos presuntamente irregulares al sistema europeo.
Uno de los puntos más delicados del recurso es que el propio juez había autorizado previamente la toma de testimonio de varios testigos clave y luego archivó el caso sin escuchar sus versiones. Entre esos nombres figuran Luis Carlos de León, Abraham Ortega, Luis Fernando Vuteff, Álvaro Ledo Nass y Carmelo Urdaneta, varios de ellos con procesos o condenas en tribunales federales de Washington por esquemas de lavado y corrupción vinculados al sector petrolero venezolano.
La Fiscalía también incorpora un nuevo informe de la UDEF, que apuntaría a indicios adicionales no valorados al momento del archivo. Ese elemento refuerza la estrategia del ministerio público de reabrir el foco sobre el llamado caso Atlantic, una de las rutas financieras más sensibles en los expedientes internacionales relacionados con PDVSA y la red de empresarios conocidos como “bolichicos”.
